La ONCE, como cualquier operador regulado o reservado, está sujeta al cumplimiento de las obligaciones destinadas a evitar que se produzcan conductas constitutivas de delito en el marco de la actividad de juego, estableciendo mecanismos de colaboración con el Estado contra los riesgos de fraude, criminalidad,  blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las políticas de detección, análisis y gestión de casos de riesgo de fraude incluyen, entre  otros aspectos, el análisis de la información de clientes asociado a requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de cualquier otra administración pública en temas relacionados con investigaciones sobre todo tipo de delitos. manteniendo una colaboración constante y proactiva con Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, SEPBLAC, Agencia Tributaria (AEAT), tribunales de justicia y otras administraciones públicas en la investigación de conductas delictivas o ilícitos administrativos, facilitando cuantos datos le son solicitados en los múltiples oficios que recibe y aportando cuanta información considera de interés para el buen fin de dichas investigaciones. 

Sólo en los tres últimos años, la ONCE ha contestado a más de mil requerimientos de información, lo que evidencia que está en permanente contacto con las administraciones públicas. En otras ocasiones, la ONCE ha tomado la iniciativa y ha presentado denuncia  ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar situaciones presuntamente constitutivas de delito que ha detectado gracias a los sistemas de alertas que tiene implantados. Estas colaboraciones con Policía Nacional, Guardia civil y Policías Autonómicas han ayudado a identificar y prevenir actividades delictivas, lo que ha permitido en ocasiones desarticular bandas organizadas de delincuentes.

Las anteriores medidas demuestran que la ONCE cuenta con sistemas y procedimientos consolidados para la prevención del fraude y del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, adaptados a las peculiaridades propias de la actividad de comercialización de lotería que desarrolla y a los distintos canales en los que comercializa sus productos. La importancia de estas acciones no sólo radica en la capacidad de perseguir y detener a los delincuentes, sino también en la disuasión del fraude y el fortalecimiento de la confianza de los usuarios de juego, enviando un mensaje claro de compromiso con la seguridad a los potenciales infractores, con la certeza de que cualquier intento de fraude será detectado y enfrentado con todo el peso de la ley.