La ponencia "Personas con Discapacidad, Exclusión y Odio en las Redes" y los contundentes hallazgos del reciente estudio del CERMI "Discursos y delitos de odio hacia las personas con discapacidad. España 2025" subrayan una realidad crítica que demanda una acción decidida y coordinada.

"La exclusión digital trasciende la mera dificultad de acceso; constituye una vulneración de derechos fundamentales que relega a las personas con discapacidad a una participación social limitada", ha señalado Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI. "Es paradójico y profundamente preocupante que la tecnología, con su potencial inclusivo, se esté configurando como un nuevo vector de discriminación y un canal para la difusión de mensajes de odio".

La era digital, con su innegable potencial para la interconexión y el ejercicio de derechos, se ha revelado como un arma de doble filo especialmente para las personas con discapacidad. Lejos de materializar una promesa de inclusión universal, el entorno digital ha erigido nuevas barreras y, lo que es peor, se ha convertido en un vehículo para la exclusión y el odio. Esta exclusión no es una mera cuestión de acceso a la tecnología, sino una vulneración de derechos fundamentales que se arraiga en el capacitismo digital.

El análisis de la violencia en línea, como confirma el estudio del CERMI, revela una cruda realidad: las redes, que deberían ser espacios de oportunidad, son también escenarios de ciberacoso y discursos de odio donde las personas con discapacidad reciben un "fuerte impacto". El capacitismo encuentra en el anonimato y la viralidad de internet un caldo de cultivo perfecto.

Resulta especialmente grave la victimización de las mujeres y niñas con discapacidad, quienes sufren una discriminación interseccional que aúna misoginia y capacitismo, agravando su vulnerabilidad en estos entornos hostiles. Estimaciones indican que las niñas con discapacidad tienen una probabilidad casi cuatro veces mayor de sufrir acoso. "Es inadmisible que los colectivos que ya afrontan múltiples barreras sean objeto preferente de la violencia en línea, con severas consecuencias para su integridad psicológica y bienestar", dijo Villarino. "La tecnología, que debería ser un pilar de apoyo, se convierte así en un factor determinante de exclusión para ellas".

La significativa infradenuncia, motivada por el temor, la desconfianza en los sistemas de protección y la falta de accesibilidad de los canales, enmascara la verdadera dimensión del problema. 

Reclamaciones del CERMI

Ante este panorama, y reconociendo el papel insustituible de la sociedad civil no solo en la denuncia sino en la articulación proactiva de soluciones, el CERMI reclama:

1.    Conocimiento riguroso y transparencia, a través de la creación urgente de un sistema de registro oficial, detallado y público, sobre los delitos de odio online que afectan a personas con discapacidad. Es fundamental un apoyo decidido a la investigación especializada, incluyendo una macroencuesta sobre la violencia digital ejercida contra mujeres y niñas con discapacidad. La invisibilidad estadística perpetúa el problema.

2.    Acceso efectivo a la justicia y reparación, impulsando canales de denuncia que sean genuinamente accesibles (cognitiva, sensorial y tecnológicamente), garantizando apoyo psicosocial y asistencia jurídica especializada y gratuita para las víctimas. Se requiere formación especializada y continua para todos los operadores jurídicos y fuerzas de seguridad en esta materia. La impunidad no puede tener cabida.

3.    Prevención activa y tolerancia cero, a través del desarrollo de campañas de concienciación específicas y sostenidas sobre el odio capacitista y la ciberviolencia, dirigidas a la sociedad en su conjunto, con especial énfasis en la comunidad educativa. Es crucial promover activamente contranarrativas que valoren la diversidad humana.

4.    Corresponsabilidad de las plataformas digitales, a través de medidas para prevenir, detectar y eliminar el contenido de odio, asegurando la transparencia de sus algoritmos y enfrentando consecuencias efectivas ante la inacción.

5.    Garantía de una inclusión digital plena, la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas deben ser principios rectores y de obligado cumplimiento en el desarrollo y la implantación de tecnologías. Se deben establecer programas de alfabetización digital inclusiva, codiseñados y dirigidos por personas con discapacidad.

"El entorno digital debe ser un espacio de oportunidades, no una fuente de exclusión y violencia. El capacitismo digital es una barrera sistémica que requiere una respuesta colectiva y contundente", concluyó Pilar Villarino. "No solicitamos concesiones, sino el cumplimiento efectivo de derechos. Instamos a las administraciones públicas, al sector tecnológico y a la sociedad civil a traducir los compromisos en acciones concretas y medibles. La pasividad frente a esta realidad es inaceptable. Desde el CERMI mantendremos una postura firme y vigilante para asegurar que nadie quede atrás en la sociedad digital. La construcción de un entorno digital verdaderamente inclusivo requiere una corresponsabilidad activa y coordinada".