El V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y la entidad social Laborvalia, que culminó el pasado 23 de mayo en Ciudad Real, tras tres días de intenso trabajo colectivo para renovar el enfoque jurídico, político y social de la salud mental en España,- se instó a transformar el sistema de salud mental desde sus cimientos como una urgencia democrática, lo que implica derogar leyes coercitivas, reforzar los apoyos comunitarios y consagrar la salud mental como un derecho humano, no como un privilegio.
 

La jornada de clausura reunió a representantes institucionales y académicos de primer nivel, que ratificaron el impulso de un nuevo marco normativo centrado en los derechos de las personas con trastorno mental. Fernando Evaristo Callejas Albiñana, decano de la Facultad y director del Congreso, realizó la clausura oficial.
 
Concluyen con un consenso claro: es urgente transformar el sistema de salud mental desde sus cimientos. Esto implica revisar las leyes que aún permiten prácticas coercitivas, invertir en apoyos comunitarios y reconocer legal y socialmente la salud mental como un derecho humano, no como un privilegio. Se rechaza expresamente la reclusión y el tratamiento forzoso por razón de discapacidad, se exige la revisión de la inimputabilidad como categoría discriminatoria y se reclama la compatibilidad plena entre trabajo y discapacidad.

Frente al modelo biomédico dominante, el Congreso apuesta por un enfoque integral, basado en la autonomía, la inclusión y la dignidad de las personas. Desde Ciudad Real se afirma que no hay derechos humanos posibles sin voluntad respetada, sin recursos adecuados y sin la voz de quienes viven el sufrimiento psíquico siendo escuchada, creída y tenida en cuenta.

Una jornada centrada en Europa, empleo e impulso legislativo

Markaya Henderson, del Foro Europeo de la Discapacidad, advirtió que solo el 31 % de las personas con discapacidad en la Unión Europea tienen una salud mental plena, y que persisten barreras graves como la reclusión por motivo de discapacidad y la privación de la capacidad legal. Reclamó una estrategia europea específica y pidió la retirada del Protocolo de Oviedo, por considerarlo contrario a la Convención de la ONU. “La salud mental debe ser reconocida como un derecho humano en toda su amplitud”, afirmó.
 
A continuación, María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo, directora académica del Libro Blanco Empleo y Discapacidad defendió la inclusión laboral como eje de ciudadanía y subrayó que la salud mental debe estar “en el núcleo de las políticas públicas y legislativas”. Denunció barreras como el capacitismo y la falta de compatibilidad entre trabajo y prestaciones, y exigió reformas legales urgentes para garantizar el derecho al empleo con apoyos. “Tener un trabajo es identidad, pertenencia y un lugar en el mundo”, concluyó.

La salud mental se perfila como uno de los principales desafíos globales, y en 2030 será, según la OMS, la primera causa de discapacidad. En este contexto se celebró el conversatorio político-jurídico, moderado por Nel Anxelu González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España, quien subrayó el “gran valor humano y técnico” de las propuestas debatidas y reivindicó que la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política
 
Los diputados Emilio Sáez Cruz y Rafael Belmonte debatieron sobre la conveniencia de una ley estatal específica de salud mental. Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar el marco legal existente, aunque con enfoques distintos: Sáez Cruz apostó por desarrollar y reglamentar lo ya legislado, sin necesidad de una nueva norma; Belmonte, por su parte, consideró que ese debate sigue abierto, pero subrayó que la prioridad legislativa debe ser una nueva Ley General de Discapacidad.
 
La ponencia de clausura fue impartida por Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional, quien expuso cómo la discapacidad y la salud mental han sido abordadas en la jurisprudencia del Tribunal, destacando su papel decisivo y pionero en el avance de los derechos de las personas con discapacidad, incluso en contextos donde el marco legal resultaba insuficiente. Relató sentencias donde adelantaban como la discapacidad era motivo de discriminación y cómo validaban medidas de acción positiva, y la obligatoriedad de los ajustes razonables no son una opción, sino una obligación, ya que su ausencia perpetúa mitos, miedos y estereotipos.
 
El balance general del Congreso fue ofrecido por Enrique Belda Pérez-Pedrero, catedrático de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien destacó que “el derecho de la discapacidad nace del pueblo, en concreto del sólido movimiento asociativo alrededor del CERMI” tanto es así, que el legislador lo ha reconocido con la reforma del art. 49 de la CE.

Un plan de acción compartido

Desde Ciudad Real se emprende un plan de acción compartido para situar la voluntad de las personas con trastorno mental en el centro de las políticas públicas, eliminar toda forma de coerción, y construir un modelo plenamente inclusivo, comunitario y respetuoso con los derechos humanos.
 
Con este Congreso, sus organizadores —la Fundación Derecho y Discapacidad, el CERMI y Laborvalía— reafirman su compromiso con una transformación profunda del sistema de atención a la salud mental en España, bajo el prisma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.