La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con Víctor Ausín Rodríguez, director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para solicitar la reforma urgente de la Ley de Desindexación por su grave impacto en la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector.

La Ley de Desindexación limita la revisión de precios en los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios, por lo que las organizaciones sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato.

Esta ley fue aprobada con el objetivo de hacer más competitiva la economía española, pero, en el contexto económico actual, está perjudicando, gravemente, a las entidades sociales porque produce un desequilibrio económico entre las partes.

Nueva regulación por razones de interés social

Durante la reunión, el vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado la necesidad de eliminar la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector, porque "los elevados niveles de inflación resultan deficitarios para las organizaciones".

En este sentido, Pérez Bueno ha explicado que resulta esencial que se regule legalmente la viabilidad de la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social.

Además, la Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su sostenibilidad.

 En la reunión también han participado María José Juanes, directora ejecutiva, de la Plataforma del Tercer Sector, Óscar del Moral, asesor jurídico del CERMI, y Manuel Delacampagne, subdirector general de Análisis Sectorial, María Sobrino, subdirectora general de Políticas Sociales.