El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Gobierno, a través del ministerio del Interior, que apoye más intensamente a la sociedad civil en su combate contra los delitos y los discursos de odio, ya que actúa más ágilmente y llega antes que los poderes públicos.  

Así lo lo planteó el 24 de marzo en el transcurso de la quinta reunión de la Comisión de Seguimiento del II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2022-2024, celebrada en el salón de actos del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Gobierno de España, en El Pardo (Madrid).

La reunión tuvo como objetivo valorar el grado de cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan, y estuvo presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Contó con la participación de representantes de instituciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de organizaciones civiles implicadas en la lucha contra los delitos motivados por el odio, entre ellas el CERMI, en representación de la discapacidad organizada.

Durante su intervención, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención, Gregorio Saravia, subrayó que “los delitos y discursos de odio generan un menoscabo de la paz social” y que, en el actual contexto, las personas con discapacidad “se están viendo convertidas en víctimas preferenciales de estas conductas intolerables”.

Saravia recordó, además, la reciente comparecencia del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, ante la Subcomisión de Lucha contra los Discursos de Odio, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, el pasado 19 de marzo. Un hecho que, en sus palabras, demuestra que el CERMI “seguirá acompañando la respuesta colectiva que España, como sociedad democrática avanzada, tiene que dar a este perturbador fenómeno del odio”.

“Como movimiento social de derechos, no permitiremos que se vean comprometidos los principios de una convivencia democrática ideológicamente plural y tolerante”, afirmó.

En línea con este compromiso, Saravia anunció que el CERMI publicará y difundirá, a partir de mayo de 2025, una guía específica sobre los discursos y delitos de odio hacia las personas con discapacidad, con el objetivo de crear conciencia, formar y dotar de herramientas a la ciudadanía y a los operadores jurídicos y sociales.

Durante la sesión, el CERMI volvió a requerir al Ministerio del Interior la puesta en marcha de una línea de ayudas y subvenciones públicas destinadas a que las organizaciones de la sociedad civil puedan cubrir los gastos derivados de sus acciones de concienciación y denuncia de este tipo de delitos, imprescindibles para lograr una respuesta social más eficaz frente al odio.

En el tramo final de la Comisión, se presentó el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028. Asimismo, la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, anunció próximamente se llevará al Consejo de Ministros el nombramiento de la esperada Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, prevista en la Ley 15/2022, de 12 de julio.

Desde el CERMI se celebra este avance, largamente demandado por el sector social de la discapacidad, y se espera que dicha autoridad pueda constituirse y comenzar a operar a la mayor brevedad posible.

Derogado el despido automático 

Por otro lado, el CERMI aplaude que el Congreso de los Diputados aprobara el pasado 27 de marzo la iniciativa legislativa por la que se deroga el despido automático por razón de discapacidad permanente laboral sobrevenida, discriminación histórica que aún subsistía en nuestro ordenamiento jurídico-laboral.

La Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena dió su visto bueno, con un apoyo amplísimo por todos los grupos a excepción de VOX, al Proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente, que pasa directamente al Senado, para culminar allí su tramitación parlamentaria.

De este modo, se elimina del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, dedicado a la regulación del despido, la extinción automática de la relación laboral cuando al trabajador le sobreviene una incapacidad permanente en sus grados de total, absoluta o gran incapacidad.

De esta manera, a partir de ahora, el trabajador, si así lo decide, podrá seguir activo laboralmente, estando obligado el empleador a realizar los ajustes razonables en el puesto de trabajo o a cambiar de ubicación laboral, para que esa continuidad pueda producirse.

La modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores trae su causa de la reforma hace ahora poco más de un año del artículo 49 de la Constitución, que obligaba a revisar toda aquella legislación ordinaria que contuviera discriminaciones o trato desigual por razón de discapacidad, como venía ocurriendo en este caso.