El proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social superó el 26 de marzo, en el Pleno del Congreso, su último trámite parlamentario, por lo que la norma queda aprobada definitivamente y entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con mejoras para esta parte del tejido productivo y algunas de las áreas implicadas. Por ejemplo, la nueva normativa reconoce a la ONCE como entidad singular del Tercer Sector, medida en línea con su reconocimiento previo también como entidad singular de la Economía Social.

La nueva norma consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

La ley potencia e impulsa fórmulas innovadoras de la economía social, como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo. En materia de vivienda en régimen de cesión de uso, la ley modifica la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas para reconocer por primera vez como especialmente protegidas a determinadas cooperativas de vivienda, en concreto las de cesión de uso, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos.

También adecúa y actualiza la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas con diferentes puntos: digitaliza y adapta al siglo XXI el funcionamiento interno de las cooperativas y a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías; amplía los derechos digitales de los cooperativistas; el principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos; contempla la Comisión de Igualdad; impulsa la conciliación; y establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales.

Otro de los avances más relevantes de la nueva norma es el refuerzo de las causas de descalificación administrativa, para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores, con lo que la ley permite combatir el intrusismo en las cooperativas, al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no.

Por otra parte, la norma modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización. El texto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral. Así, la ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral.

En el tercer artículo se modifica la Ley 5/2011 de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector. La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del Tercer Sector y se añade la definición específica de economía social de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis). 

Valoración del sector 

Juan Antonio Pedreño, presidente de la confederación estatal de la economía social (CEPES), ha valorado muy positivamente este hito: "Hoy es un día de celebración y para estar contentos. Esta ley supone un gran avance que refuerza la Economía Social española y el reconocimiento de su papel estratégico", dado que, además, según destacó, la aprobación de la norma ha permitido situar a la economía social en el centro del debate parlamentario, visibilizando la relevancia de este tejido empresarial. 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebró los “avances” de la norma que, a su juicio, son relevantes para el sector de la discapacidad en España en tanto que consolidan y actualizan el marco jurídico de un “sector estratégico para la cohesión social, el empleo inclusivo y la vertebración del territorio.La culminación de esta tramitación parlamentaria supone un hecho positivo para la discapacidad, ya que el nuevo texto legal refuerza a la iniciativa social emprendedora en discapacidad, al considerar solo a los centros especiales de empleo de iniciativa social como familia de la economía social, no otorgando esta condición a los mercantiles lucrativos. Esta diferenciación, sin impacto alguno negativo en el empleo de personas con discapacidad, aporta claridad y evita confusiones interesadas que comprometían los principios inspiradores de la economía social”, agregó el Cermi.

Mientras, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) mostró su apoyo al nuevo texto, una petición largamente esperada por el sector que busca aportar "seguridad jurídica, coherencia normativa y estabilidad" a un modelo empresarial que favorece el interés general y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

“La nueva legislación ordena y clarifica el ecosistema de la Economía Social, definiendo con claridad quiénes lo componen y las razones de su integración. Un aspecto destacado de la normativa es el reconocimiento explícito de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como elementos clave dentro de esta economía, dada su alineación con los principios orientadores del sector. Estos centros operan sin ánimo de lucro, reinvirtiendo el 100% de sus beneficios en la creación y mantenimiento de empleo para personas con discapacidad, asegurando así que los recursos públicos destinados a la inclusión laboral sean utilizados eficazmente en pro del interés general”, concluyen.

Debate en el Congreso

En el debate en el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, puso en valor que la economía social da empleo a más de 2,5 millones de personas en España y alabó su labor para “democratizar” y “humanizar” la economía.

Díaz, que dio las gracias por sus aportaciones al tejido asociativo de la economía social, encabezado por la patronal Cepes, proclamó que con esta norma “damos una lección a la ciudadanía, diciendo que podemos seguir trabajando por el bien común” y sentenció que las fuerzas políticas que han apoyado la norma “han hecho algo muy hermoso”, que es ”en momentos de ruido, hacer que el valor democrático de las Cámaras, del Congreso y del Senado, sirva para mejorar la vida de la gente”.

“Hoy hemos demostrado, tras un año y medio, que, a pesar de las diferencias políticas, somos capaces de ponernos de acuerdo en tres normas con una ley integral”, celebró la vicepresidenta segunda, quien exhibió el interés de la economía social al explicar que en el Congreso se presentaron doscientas enmiendas y 67 en el Senado.

Mientras, la diputada del PP Violante Tomás dejó claro que esta ley no cuenta con su apoyo y la consideró “una oportunidad perdida” para fortalecer la economía social, de la que dijo que este tejido productivo “no es un eslogan ni un instrumento ideológico”, sino que es empleo, inclusión, desarrollo y “una oportunidad real para miles de personas en nuestro país que no pueden permitirse leyes mal hechas”.

Contra el texto también se expresó el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, quien elogió los propósitos de la economía social y de sus entidades representativas, pero aclaró que no es un “bloque homogéneo” en el que “el Estado debe ayudar y acompañar, pero no sustituir ni dirigir”.  

A favor del texto se manifestó la diputada socialista Marta Trenzano, quien elogió la economía social, su peso en el tejido productivo y su potencia en los ámbitos rurales, frente “a la lógica de la deslocalización y la especulación”, lo que la convierte en “una herramienta clave para los grandes retos de nuestro tiempo”, por lo que “no es casualidad” que resista mejor las situaciones de crisis.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera anunció su apoyo pero lamentó una invasión de competencias; Podemos y Esquerra Republicana expresaron su apoyo al texto y su rechazo a enmiendas del PP.