La Comisión Constitucional ha aprobado en el Congreso la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Junts para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que “se establezcan aquellos procedimientos de votación, medios de apoyos o adaptaciones” necesarias que permitan a las personas ciegas o con discapacidad visual “ejercer su derecho al voto de forma autónoma y con garantías de secreto de sufragio” en todos los procesos electorales, incluidas las elecciones municipales, y también en las modalidades de voto por correo y como residentes en el extranjero.

La PNL, que fue aprobada por 34 votos a favor y tres en contra, solicita al Gobierno que efectúe “las modificaciones necesarias” en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con la finalidad de establecer “procedimientos de votación, medios de apoyos o adaptaciones que aseguren el derecho de sufragio de las personas con discapacidad” y que se convierta el sistema de voto mediante persona de confianza en algo “excepcional y voluntario. El sistema de voto mediante persona de su confianza no debe ser obligatorio por defecto de regulación legal o de adaptaciones, como ocurre en el caso de las elecciones locales y de las modalidades no presenciales de votación”, según explica la PNL.

A propuesta del Grupo Socialista, se incluyó en el texto final una enmienda técnica para sustituir la referencia a las “personas con deficiencia visual grave” por una referencia a las “personas con discapacidad visual grave”.

El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Pagès, recordó que, aunque en 2007 se creó un procedimiento de voto accesible para personas ciegas, “la regulación fue parcial y no abarcó todas las modalidades de votación, como el voto por correo y para ciudadanos en el extranjero, ni se incluyó en las elecciones locales, obligando de facto a las personas con discapacidad visual a votar a través de una persona de confianza”.

Así, la PNL insta al Gobierno a “desplegar las herramientas necesarias para que esta medida se implemente en las elecciones locales, el voto por correo y para los electores residentes en el extranjero”, incluyendo la posibilidad de recibir en casa la documentación necesaria para un voto accesible.

Según el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, España debe garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad de manera general, autónoma y secreta, utilizando los medios tecnológicos y de apoyo necesarios. “Esta Convención ampara la utilización del sistema de voto mediante persona de su confianza solo excepcionalmente” y esto debe cumplir dos condiciones: “Ser necesario para garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona votante con discapacidad y ser solicitado por la persona afectada”, concluyó Pagès.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la comisión, David Serrada, indicó que “existe la obligación de adaptar nuestro sistema electoral porque una democracia solo es plena cuando garantiza que todas las personas puedan ejercer su derecho al sufragio en igualdad de condiciones”.

Serrada, quien avanzó antes de la votación la voluntad de su partido de apoyar la PNL de Junts, dijo que “avanzar hacia un sistema electoral accesible exige cumplir cuatro condiciones: garantizar la autonomía personal, extender la igualdad a todas las modalidades de votación y procesos electorales, asegurar el secreto del voto con herramientas seguras, fiables y accesibles; así como hacerlo con mecanismos técnicamente viables y plazos razonales”.

El portavoz del Grupo Popular, Enrique Belda, también anunció su apoyo a la PNL aunque propuso una enmienda que no fue aceptada. “Lo importante es el cumplimiento de los derechos pero también cómo se cumplen”, dijo  y reclamó que “los ajustes razonables que los poderes públicos realicen para el cumplimiento de estas garantías operen a través de medidas respetuosas con la dignidad de las personas”.

Belda ejemplificó su demanda con casos de personas con movilidad reducida que necesitan que las urnas deban ser trasladadas fuera del colegio para ejercer el derecho al voto, e insistió en que “el proceso se realice con la atención debida a cada propia situación personal”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Flores, fue crítico con la propuesta y argumentó que esta modificación supondría un mayor gasto público. Así, manifestó que “los invidentes prefieren votar en urna o asistidos por una persona de su confianza antes de embarcarse en el farragoso sistema de solicitud de papeletas en braille”.

Flores Juberías explicó que en este contexto “se impone la búsqueda de un nuevo procedimiento de votación para las personas ciegas y con discapacidad visual mediante el uso de nuevas tecnologías y no mediante la réplica de las anteriores, al objeto de diseñar, en colaboración a ser posible con la ONCE, un nuevo formato de papeletas accesibles susceptibles de replicarse con éxito en todos los procesos electorales y refrendarios, y a todas las modalidades de votación de ahora en adelante". "Aventúrense en explorar merced a las nuevas tecnologías otros sistemas que podrían dar resultados óptimos”, espetó a los miembros de la Comisión.

Por último, el portavoz del Grupo Sumar, Lander Martínez, indicó que “el objetivo es que el sistema debe proporcionar medios para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al voto de forma autónoma y en secreto”.