La Fundación CERMI Mujeres estuvo presente, el 26 de febrero, en el Congreso de los Diputados, durante la aprobación de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista en España. El primer Pacto fue aprobado en 2017 sin ningún voto en contra y, con esta actualización, se refuerzan los compromisos en la protección y el apoyo a todas las víctimas.

Desde la Fundación CERMI Mujeres se celebra esta renovación como un avance esencial en la protección de las mujeres y niñas con discapacidad, un grupo especialmente vulnerable a la violencia de género y que sigue enfrentando múltiples barreras para acceder a recursos de atención, justicia y protección efectiva.

CERMI Mujeres ha analizado en detalle los contenidos sobre discapacidad y accesibilidad del informe de la subcomisión del Congreso que ha trabajado en la renovación del Pacto. El objetivo del análisis ha sido determinar en qué medida se han incorporado las demandas del sector de la discapacidad para garantizar una protección reforzada de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género. Tras su evaluación, se reconoce avances importantes, pero subraya que sigue habiendo retos pendientes en materia de accesibilidad, justicia y protección específica.

Entre los aspectos positivos recogidos en el nuevo Pacto de Estado, la Fundación CERMI Mujeres destaca que se refuerza el compromiso con la accesibilidad universal, reconociendo la necesidad de eliminar barreras en los recursos de atención a víctimas y en los procedimientos judiciales, incluyendo la adaptación de información en formatos accesibles como lectura fácil, lengua de signos y braille. También se menciona la formación especializada para operadores jurídicos y sanitarios, con el objetivo de capacitar a los profesionales que atienden a víctimas para que comprendan las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad.

Asimismo, se insiste en la necesidad de reforzar la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y judiciales para garantizar una atención integral. En materia de protección económica y social, el nuevo pacto reconoce los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder al empleo y la vivienda tras una situación de violencia, por lo que se aboga por mejorar las ayudas y apoyos disponibles.

A pesar de estos avances, la Fundación CERMI Mujeres advierte de las carencias que aún deben abordarse para garantizar una protección real y efectiva a las mujeres con discapacidad. Aunque el Pacto menciona la necesidad de adaptación en el acceso a la justicia, no se detallan medidas concretas para asegurar la plena accesibilidad en juzgados y tribunales.

También se echa en falta un plan integral que recoja medidas concretas para la prevención, detección temprana y protección de mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. Otro aspecto pendiente es la falta de datos desglosados sobre el impacto de la violencia de género en mujeres con discapacidad, lo que dificulta la formulación de políticas basadas en evidencias. Además, la dotación económica y los recursos específicos para adaptar los servicios a las necesidades de las mujeres con discapacidad siguen siendo insuficientes.

La Fundación CERMI Mujeres celebra la renovación del Pacto de Estado, pero advierte que es fundamental que se traduzca en medidas concretas, con financiación suficiente y un compromiso real con la accesibilidad y la justicia para todas las mujeres.