La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social (Ley 43/2015), destaca la importancia de esta norma como hito legislativo en el reconocimiento del papel esencial que desempeñan las entidades sociales en la promoción de los derechos y la cohesión social. 

Sin embargo, diez años después de su entrada en vigor, la Plataforma lamenta que la mayoría de los desarrollos normativos previstos en la ley siguen pendientes, lo que impide que el Tercer Sector pueda contar con los instrumentos adecuados para ejercer su labor con plena seguridad jurídica y respaldo institucional.

La ley, aprobada hace diez años con amplio consenso parlamentario, establecía medidas de impulso y apoyo desde los poderes públicos, muchas de las cuales debían concretarse mediante desarrollos normativos específicos. Hasta la fecha, solo se ha aprobado el decreto que regula la Comisión de Diálogo Civil.

Otras disposiciones clave, como la regulación de las entidades colaboradoras se encuentra aún en fase de consulta pública. Además, el inventario estatal del Tercer Sector o el programa de impulso no han sido desarrolladas, así como el reglamento de la Ley del Voluntariado. Desde la Plataforma del Tercer Sector se hace un llamamiento al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que reactive con urgencia los desarrollos normativos pendientes.

Esta demanda ha sido planteada de forma reiterada por la Plataforma en el marco de la Comisión para el Diálogo Civil, como parte del compromiso institucional por avanzar en el reconocimiento y fortalecimiento del Tercer Sector.

Se recuerda, además, que el desarrollo pleno de esta ley es esencial para garantizar una respuesta eficaz y equitativa ante los retos sociales, económicos y climáticos que enfrenta la sociedad.

La Plataforma reafirma su compromiso con el diálogo institucional y con la construcción de un marco normativo que permita a las entidades sociales seguir avanzando en su misión de defensa de los derechos, la inclusión y la justicia social.

Sostenibilidad del Tercer Sector

Además, la Plataforma del Tercer Sector subraya la importancia de contar con un marco de financiación estable, suficiente y garantizado que permita a las entidades sociales planificar a largo plazo y aumentar su impacto social.

Mientras se avanza hacia ese objetivo, propone aumentar del 0,7 al 1 % la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a fines sociales.

Asimismo, reclama la renovación urgente del modelo mixto de distribución de la recaudación vigente desde 2021, que establece un reparto del 80 % gestionado por las comunidades autónomas y un 20 % correspondiente al tramo estatal.

La continuidad de este modelo, que expira a finales de 2025, es esencial para garantizar la sostenibilidad de las entidades sociales en todo el territorio y para mantener una política pública eficaz, justa y solidaria.

Medidas “urgentes” contra la “precariedad residencial”

La Plataforma del Tercer Sector exigió, también el 9 de octubre, al Gobierno la articulación de medidas “urgentes” contra la “precariedad residencial” y por el derecho a una vivienda digna, durante una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para analizar las medidas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 orientadas a garantizar el acceso a una vivienda "digna y adecuada" para las personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Su presidente, Luciano Poyato, explicó en dicho encuentro que las entidades sociales trabajan “a diario junto a las personas y familias más afectadas por la crisis habitacional” y expresó su preocupación porque la vivienda se ha convertido, a su juicio, “en el principal agujero del Estado del bienestar y en un determinante directo de la pobreza y la exclusión social”.

Por eso, a su entender, las políticas de vivienda deben orientarse a “la promoción de vivienda social, la rehabilitación del parque existente, la reserva efectiva de suelo público y la penalización de la vivienda vacía”.

En este contexto, destacó que “más de 4,6 millones de hogares en España enfrentan dificultades para acceder y mantener una vivienda digna” y que la mayoría de quienes viven de alquiler “están en riesgo de pobreza y una gran parte de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda. Esta situación, agravada por el aumento de los precios del alquiler frente a unas rentas que no crecen al mismo ritmo, genera una precariedad residencial que no podemos ignorar”, apostilló.

Derecho

Por este motivo, la plataforma y sus entidades miembro han realizado varias aportaciones y propuestas al Plan Estatal de Vivienda, entre las que sobresalen la necesidad de considerar la vivienda “no solo como un bien económico, sino como un derecho humano y social básico, estrechamente vinculado a la salud, la educación, el empleo y la igualdad de oportunidades", tal y como señaló la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes.

Junto a ello, también se planteó la incorporación de ayudas complementarias ligadas al Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales, así como la asignación de al menos un 40% de la financiación del Plan al incremento del parque de vivienda social y asequible, reservando una parte para vivienda de emergencia social.

Además, la plataforma propone “reforzar” las ayudas al alquiler y la emancipación, con “especial atención” a jóvenes, familias monoparentales y a la infancia en situación de pobreza. En paralelo, ha solicitado la creación de un mecanismo estable de participación del Tercer Sector en la gobernanza, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda.

En la reunión también participaron el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional y presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, EAPN-ES, Carlos Susías; la vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital y vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz; el vicepresidente de Diversidad, No Discriminación y Justicia Intergeneracional y presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López y la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes Burgos.

Tras la reunión, la Plataforma del Tercer Sector reiteró su plena disposición a colaborar con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sea “un instrumento eficaz, inclusivo y con impacto real sobre las personas que más lo necesitan”.