El vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, ha pedido en el Senado aprovechar la ventaja competitiva de España como gran potencia turística mundial para convertirnos en “el país más inclusivo y más accesible del mundo”, y no solo por y para las personas con discapacidad, también por las personas mayores y porque, además, nos visitan muchas personas extranjeras y podemos liderar dos conceptos muy interesantes, inclusión y accesibilidad, por los que ya somos conocidos y reconocidos.

Durán realizó esta afirmación durante su comparecencia el pasado 10 de abril ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, donde desgranó la labor del Grupo Social ONCE y reinvidicó, entre otras cuestiones, la importancia del empleo para las personas con discapacidad, por lo que solicitó que se trabaje normativamente para hacer compatible el trabajo con las pensiones de incapacidad;   y también que la nueva Ley de Economía Social defienda y afiance el actual modelo de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis).

En este sentido, recordó que el Grupo Social ONCE es el cuarto empleador no público del país y el primer empleador del mundo de personas con discapacidad, lo que le convierten en “un agente de cambio social, de acción social rentable”, como lo demuestran la acción cotidiana desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, las tres áreas del Grupo.

Reiteró la necesidad de avanzar en temáticas como accesibilidad y dependencia “que son buenas para toda la ciudadanía”, así como en la nueva Ley de Economía Social o en el etiquetado en braille y la inclusión de un código QR en bienes y servicios, recogido en la nueva Ley del Consumidor Vulnerable, y el voto accesible.

Igualmente reiteró la solicitud de todo el ámbito del asociacionismo social de ampliar del 0,7% al 1% el importe del IRPF destinado a fines sociales, o que la Ley de Desindexación no afecte a los baremos relacionados con la discapacidad.

Juego responsable

En relación con la lotería social, segura y responsable de la ONCE, insistió en que se trata de “un juego social, un medio para lograr un fin”  y defendió que se trata de una modalidad muy segura porque “siempre tiene un intermediario que frena cualquier mala práctica”, además de destacar que, de cada 100 euros que se ingresan con la venta de estos productos, 56 se destinan a premios; 23,5 a pago de vendedores; 8,5 a gastos de gestión y 11,7 a servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad, a través de ONCE y Fundación ONCE.

También hizo referencia a la labor del Grupo Social ONCE con temáticas muy sociales y que están presentes en la preocupación de la ciudadanía, como la atención, formación y empleo para mujeres afectadas por violencia de género. “Se tiene que conocer que el 30% de estas mujeres acaban con una discapacidad, y necesitan nuestro apoyo”.  Y citó la dura realidad de la soledad y cómo “el 60% de las personas con discapacidad son personas mayores”, lo que ha generado que Fundación ONCE impulse un observatorio y se trabaje en muchos frentes contra esta realidad.

Tras su comparecencia, tomaron la palabra los senadores. Carmen Silva Méndez, desde el BNG pidió a Durán “que nos pongan más deberes para seguir trabajando por una sociedad inclusiva que siempre es más justa para todos y todas”.

La senadora socialista Melania Álvarez destacó la capacidad de adaptación de la ONCE durante ocho décadas de vida y subrayó la incorporación de la nueva Fundación ONCE Baja Visión para cubrir “una deuda importante con la ciudadanía con esa realidad de visión”.

Finalmente, la portavoz popular Cristina Casanueva insistió en trabajar con los temas de discapacidad en lugares como el ámbito rural y se comprometió a impulsar el decreto sobre etiquetado en braille.

Reivindicaciones de COCEMFE

Accesibilidad en el transporte y a la vivienda. Tras la comparecencia de Alberto Durán, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, compareció también ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Cámara Alta para exponer los principales objetivos y propuestas de la Confederación para esta legislatura.

“La accesibilidad universal sigue siendo una deuda pendiente que se cronifica año tras año”, dijo Queiruga,  pidiendo a los senadores la aprobación de medidas de carácter urgente para eliminar las barreras todavía existentes en el transporte y la vivienda que impiden la plena inclusión y participación activa de este grupo social en todos los ámbitos de la sociedad.

“Unas 100.000 personas viven encarceladas en sus casas, ya que no pueden salir por falta de accesibilidad”, señaló Queiruga, detallando la necesidad de “reformar de manera urgente de la Ley de Propiedad Horizontal, eliminando los límites económicos que impiden la realización de obras necesarias; y crear un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, con un 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información”.

También incidió en que “en transporte, las barreras son constantes: estaciones sin adaptar, trenes limitados, aviones inaccesibles, autobuses sin rampa, la paulatina desaparición de taxis adaptados” y señaló que “para garantizar accesibilidad plena en todo el sistema de transporte, lo que hay que articular es su seguimiento, control y sanciones por incumplimiento, y formar al personal de transporte en atención a personas con discapacidad”.

Salud y discapacidad

Por otro lado, entre las reivindicaciones más urgentes, COCEMFE reclamó la aplicación efectiva y equitativa del nuevo baremo de discapacidad, actualmente con retrasos superiores a seis meses en el 76% de los casos, falta de formación del personal valorador y desconocimiento generalizado sobre la discapacidad orgánica. “No se puede valorar a quien no se comprende”, argumentó Queiruga.

En materia de salud, denunció que el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no recibe los servicios que necesita y que el 81,6% asume sobrecostes mensuales en tratamientos y productos sanitarios, “lo que genera una discriminación basada en la renta”. Ha exigido un espacio sociosanitario real, una red pública de servicios coordinados y la universalización de la atención temprana.

Respecto a la autonomía personal, COCEMFE ha instado a reconocer la asistencia personal como prestación garantizada, reforzar la red de apoyos comunitarios, actualizar el catálogo ortoprotésico y asegurar el acceso universal a tecnologías de apoyo.

"Sin recursos peligran los derechos"

En materia de empleo, la Confederación ha alertado de una tasa de actividad del 35,5% y una brecha de paro de ocho puntos frente a la población sin discapacidad. Ha exigido incentivos a la contratación, adaptación de puestos de trabajo, políticas activas específicas y un apoyo firme a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS). También ha pedido que la futura Ley de Economía Social los reconozca como entidades diferenciadas, con financiación y protección jurídica específica.

COCEMFE ha reclamado además una educación verdaderamente inclusiva, con personal especializado y eliminación de barreras; políticas contra la discriminación interseccional de las mujeres con discapacidad; medidas específicas para entornos rurales; y un enfoque ético en el desarrollo de inteligencia artificial, que evite sesgos y exclusión digital.

Finalmente, denunció que la financiación estatal a las entidades del Tercer Sector ha caído un 40% en cuatro años y que solo se concedió el 27% de lo solicitado para proyectos esenciales de 2025.

“Sin recursos, peligran los derechos.No se puede construir una sociedad justa dejando atrás a millones de personas. Pedimos al Gobierno, a los partidos y a las administraciones públicas: escuchen, dialoguen, actúen. Inviertan en inclusión y apuesten por la equidad”, concluyó Queiruga ante el Senado.