Titulado ‘La inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español’, el trabajo analiza la situación actual de los estudiantes con discapacidad en los campus y ofrece una serie de recomendaciones para mejorar tanto su acceso como su estancia en estas instituciones. Refiere que algunos alumnos siguen enfrentándose a problemas de accesibilidad, falta de adaptaciones y estigmatización por causa de su discapacidad.  

En su elaboración han participado 40 de las 48 universidades públicas existentes en la actualidad en España, además de entidades como Fundación Universia, CRUE, Aneca y ESN, que reconocen un avance, aunque “más lento y débil de lo esperado”, en los últimos años, pero también la necesidad de seguir trabajando para hacer más inclusivo el paso de estos alumnos por las enseñanzas superiores.

El estudio, elaborado con un enfoque cualitativo en verano de 2024, se hizo mediante entrevistas en profundidad y grupos focales en los que hubo representación de rectores, responsables de los servicios de atención a la discapacidad, estudiantes con discapacidad y personal docente e investigador con y sin discapacidad. 

Puesta de largo

El informe se presentó en un acto celebrado en ‘Por Talento Digital’, el centro de formación en nuevas tecnologías de Fundación ONCE, y contó con la participación de Juan Cruz, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Ana María Lisbona, miembro del Comité Ejecutivo de CRUE-Asuntos Estudiantiles y vicerrectora de Estudiantes e inclusión de la UNED, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Conducidos por Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, coincidieron en señalar la importancia del estudio para avanzar en la mejora del acceso a la universidad por parte de las personas con discapacidad y, por tanto, en la mejora misma del sistema universitario y de la sociedad en su conjunto.

En la presentación, Martínez Lozano explicaba que “el estudio nace de la idea de conocer en profundidad cómo está siendo la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades españolas, para lo que se ha contado con 23 sesiones de trabajo, entre grupos focales, entrevistas en profundidad”. 

En esta línea, Cruz afirmó que el estudio no tiene un mero carácter diagnóstico, sino que aporta información provechosa que servirá para “trabajar mucho” en los principales desafíos que, a su parecer, tiene la universidad en este momento. Estos desafíos, detalló, “están relacionados con la accesibilidad, formación del personal docente e investigador, sensibilización de la comunidad, adaptaciones curriculares, apoyos específicos y eliminación de barreras burocráticas”. 

Pero para abordar estos desafíos, advirtió el secretario de Estado, hay que hacerlo con el “compromiso continuo y coordinado” de administraciones públicas, universidades, centros de investigación y organizaciones relacionadas. 

Principales conclusiones del informe 

El informe reconoce un “avance” en la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades españolas, pero sostiene a renglón seguido que es “insuficiente” para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos del colectivo en los campus, ya que es “más lento y débil de lo esperado”. Para progresar, el estudio considera que debe producirse “un cambio en la mirada y un cambio cultural, tanto de la sociedad en general como de las instituciones universitarias en particular”.

En este sentido, el trabajo afirma que “el principal reto es la transversalidad de las políticas de inclusión en las instituciones universitarias“ y confía en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque considera que tiene “deficiencias que limitan su implementación, especialmente por la falta de financiación económica para el despliegue de las medidas aprobadas”. 

Para Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, uno de los mensajes que más resuenan en este informe es “que hemos avanzado, pero no podemos quedarnos ahí”. Insistió en que los desafíos “siguen siendo muchos” y mostró su deseo de que todas las ideas que se plasman en el informe “nos guíen para orientar nuestras futuras actuaciones y mejorar nuestras alianzas”. “Hace falta una financiación clara, una voluntad política firme y un seguimiento activo”, concluyó. 

Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Trabajo (Odismet) de 2023, el 19,2% de las personas con discapacidad finaliza estudios universitarios, un porcentaje que en el caso de la población sin discapacidad llega al 39%. Pese a esta diferencia, cabe señalar que el número de alumnos con discapacidad que acceden a estudios superiores ha ido incrementándose en la última década hasta superar los 22.000, una cifra que representa el 1,6% del total del alumnado en la universidad. 

Además de estar poco representadas en la universidad, las personas con discapacidad que pasan por ella encuentran barreras de inclusión en su estancia, ya que espacios, materiales y contenidos digitales no siempre son accesibles y las adaptaciones que precisan para seguir las clases con normalidad tampoco se aplican en todos los casos como debieran, en buena medida “por las actitudes y reticencias de una parte del profesorado”. Por este motivo, el informe aboga por contar con “criterios unánimes y garantistas en todas las universidades” para realizar estas adaptaciones y ajustes razonables.

En la misma línea, el documento advierte una baja participación del estudiantado con discapacidad en la vida universitaria en actividades extracurriculares y “bastante escasa” en órganos de representación, principalmente debido a la falta de adaptaciones y de accesibilidad y al sobreesfuerzo que les supone. “La movilidad internacional también es muy baja”.

Por otra parte, los estudiantes con discapacidad perciben dificultades para la realización de prácticas curriculares y extracurriculares, a pesar de las acciones de búsqueda y gestión de estas prácticas. 

Otro aspecto que analiza el trabajo es el de la “invisibilidad” de la discapacidad que deciden adoptar algunos estudiantes para que no se les considere menos capaces, como ocurre en ocasiones, y se les estigmatice.  

A este respecto, hay consenso al considerar que las actitudes negativas podrían superarse con formación y sensibilización sobre inclusión y atención a personas con discapacidad, que es una de las recomendaciones que hace el informe.

Los responsables de las universidades coinciden en que “cuando se escarba un poco, te das cuenta de que todavía queda muchísimo por hacer” respecto a la atención a las personas con discapacidad, relata uno de los testimonios de las sesiones de trabajo que han servido para completar la investigación.

“Prácticamente, hemos triplicado o duplicado los números… Ha ido progresivamente aumentando el número de estudiantes con discapacidad”, señala el equipo de rectores.

Los últimos datos disponibles se refieren al curso 2021-2022, en el que se registraron 22.156 alumnos con discapacidad, el 1,6 % del total; el 56 % mujeres.

De ellos, casi la mitad (48,1 %) cursaban sus estudios en universidades a distancia, según recoge el VI Estudio sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sistema Universitario Español, elaborado por Fundación Universia.

• Servicios de atención desbordados y sin recursos

En la actualidad, la normalización de las personas con discapacidad en las universidades está en proceso de cambio, expone el estudio. Argumenta que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) promueve políticas inclusivas, aunque su aplicación genera cierta confusión en relación con los servicios de atención a la discapacidad en las universidades, en los que se atiende también al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

“La situación de los servicios de atención a la discapacidad es bastante crítica debido a la falta de recursos y de personal técnico para atender el volumen actual y los nuevos perfiles detectados, principalmente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con trastornos de salud mental”, advierte este análisis.

• Muchos alumnos no cuentan su discapacidad

Otro de los problemas es que algunos de los alumnos con discapacidad, aún necesitando esa atención personalizada, no acuden a esos servicios, en los que se puede solicitar por ejemplo la exención de tasas. Puede ser por desconocimiento, pero también la estigmatización social puede llevar a algunos a no identificarse abiertamente y no hacer uso de estos servicios.

Además, siguen presentes creencias negativas, como que estos alumnos no pueden cursar estudios superiores, arrastradas por una visión discriminatoria y asistencialista de hace décadas.

Otras barreras son las actitudes negativas del profesorado que dificultan el progreso de estos estudiantes en el curso, e incluso que algunos renuncien a continuar o no soliciten las adaptaciones para no ser estigmatizados.

• Poca participación y pesimismo sobre su futuro laboral

Existe una baja participación del estudiantado con discapacidad en la vida universitaria y apenas se registra movilidad internacional.

Las causas de la escasa implicación en las actividades extracurriculares y fuera del ámbito de las clases son la falta de adaptación de los servicios, un mayor esfuerzo respecto del resto del alumnado y la dificultad para compaginar el día a día.

El alumnado con discapacidad tiene más dificultades para hacer prácticas por el menor abanico de ofertas disponibles según su situación y los problemas para adaptar los puestos.

Respecto a la inserción laboral, muchos de ellos desconocen los programas de orientación de los centros y se topan con barreras, como las limitaciones que la propia discapacidad pueda presentar en el desempeño del puesto y los recursos que puedan necesitar.

Asimismo, el alumnado es cuestionado y puesto en duda al ser comparado con el resto de compañeros sin discapacidad.

De hecho, seis de cada diez estudiantes con discapacidad cree que tendrá más dificultades para encontrar trabajo que sus compañeros sin discapacidad.

En palabras de Martínez Lozano, “este informe constituye una llamada a la acción colectiva para lograr una universidad más justa, accesible y transformadora, donde la diversidad no solo se reconozca, sino que se valore como motor de innovación y justicia social, que es una tarea que nos interpela a todos".