La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha celebrado en Madrid su Conferencia Internacional (#ConferenciaInternacionalFCM) sobre cómo combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad: un espacio de intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas que sitúa en el centro la experiencia y la voz de las propias mujeres.

El encuentro ha contado con expertas, instituciones y organismos de derechos humanos con el objetivo de compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y definir futuros pasos en la prevención, protección y recuperación de las víctimas.

Tras diversas ponencias y paneles, la conferencia ha exigido poner el foco en uno de los eslabones más frágiles del sistema: la respuesta judicial a la violencia que sufren mujeres y niñas con discapacidad. Tras una inauguración marcada por el compromiso institucional, la denuncia de la falta de datos y la exigencia de medidas inclusivas, se desarrollaron una serie de mesas temáticas centradas en los distintos niveles de intervención frente a la violencia. 

Así se puso el foco se puso en uno de los aspectos más determinantes para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad: la actuación del sistema judicial y policial. Expertas del ámbito de la Fiscalía, la Policía, la Judicatura y los servicios de atención directa coincidieron en señalar que sin una justicia accesible, formada y con enfoque de derechos humanos, no es posible garantizar la protección ni la reparación efectiva para las víctimas. La necesidad de eliminar estereotipos, adaptar los procedimientos y garantizar el derecho a participar activamente en todo el proceso fue una demanda compartida por todas las voces presentes.

Mª José Segarra, fiscal de sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, reconoció los avances en formación y protocolos, pero señaló también que aún hay muchos aspectos sin desarrollar. Alertó sobre la persistencia de estereotipos, la falta de ajustes de procedimiento en los juzgados y la escasa aplicación de los artículos que exigen adaptaciones para garantizar la participación plena de las víctimas con discapacidad. Señaló la necesidad de desarrollar la figura del facilitador, y remarcó que “la justicia debe ser accesible de forma efectiva, no solo en el diseño normativo, sino en la práctica real”. También valoró positivamente la reciente obligación del Ministerio Fiscal de escuchar a las víctimas antes de llegar a una conformidad, aunque estas no estén personadas como parte.

A su vez, desde la Policía Nacional, María Cristina Marí destacó el trabajo de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) en investigación y protección, así como las herramientas de accesibilidad desarrolladas: guías en lectura fácil, bucles magnéticos, atención en lengua de signos o pictogramas, entre otras. Recordó que el ajuste de procedimientos “no es una opción, sino una obligación legal” y subrayó la importancia de identificar también a las mujeres que no son conscientes de estar siendo víctimas. Destacó que el sistema VioGén contempla la discapacidad como un indicador de riesgo agravado, e insistió en la importancia de seguir formando a los cuerpos policiales. 

Por su parte, la magistrada Auxiliadora Díaz, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, reivindicó la empatía, la escucha activa y la eliminación de rigideces procesales que generan barreras a las víctimas. Defendió un trato cercano y humano sin que eso comprometa la imparcialidad judicial, y alertó sobre el peso de los mitos que afectan a la credibilidad de las mujeres con discapacidad. Reclamó datos fiables, formación con perspectiva de género y discapacidad y una justicia que “no opere con prejuicios ni infantilización”. Su intervención culminó con una afirmación rotunda: “No basta con cambiar la norma; es imprescindible cambiar conciencias”.

Del mismo modo, desde el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), Sandra Millán destacó que muchas de las situaciones más crueles que han atendido implicaban a niñas y mujeres con discapacidad, incluyendo delitos de tortura y violencia sexual. Subrayó la importancia del trabajo coordinado con la Fiscalía y el movimiento asociativo para lograr una atención adecuada, y mostró datos de impacto: desde la firma de un convenio con la Fiscalía en Andalucía, el número de acompañamientos judiciales a mujeres con discapacidad ha aumentado un 400 %. Señaló la necesidad de apoyos individualizados y de escuchar la voluntad de la víctima para que participe activamente en su proceso judicial.

Asimismo, Miguel Lorente, médico forense y patrono de la FCM, situó la violencia contra las mujeres con discapacidad como un problema estructural de salud pública y reclamó el compromiso del sistema sanitario en la detección. Expuso que solo el 8 % de los casos se detectan desde los centros de salud, pese a que son un espacio clave para identificar las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia. “La medicina ha sido parte del problema; ahora debe ser parte de la solución”, afirmó, reclamando mayor responsabilidad institucional del ámbito sanitario en la erradicación de la violencia.

Recuperación de las víctimas

También se abordó una de las fases más olvidadas en la atención a las víctimas: su recuperación integral. Representantes de entidades sociales, fundaciones especializadas y expertas legales coincidieron en que la rehabilitación y la reintegración de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia deben ser procesos individualizados, accesibles y con apoyos adecuados. Se destacó el papel clave del empleo, la figura del facilitador y el acompañamiento especializado como elementos para reconstruir proyectos de vida con autonomía. Además, se puso sobre la mesa el vínculo entre discapacidad y trata, y la necesidad de una legislación que contemple esta realidad de forma específica y con enfoque interseccional.

Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE, presentó el programa “Mujeres en modo VG”, que ofrece acompañamiento individualizado y mejora de la empleabilidad a mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Subrayó la importancia de contar con una metodología propia y técnicos especializados para lograr no solo su inclusión laboral, sino también su recuperación emocional y personal. “El empleo es clave para la autonomía y una vía de salida real de la violencia”, afirmó.

Por su parte, Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, destacó el aumento en el número de mujeres con discapacidad intelectual que se atreven a denunciar, gracias a la figura del facilitador. “Pasamos de atender 3 casos al año a más de 500, y donde hay facilitador, el 84 % de los casos concluyen con sentencia condenatoria”, explicó.

Además, Rocío Mora, directora de APRAMP, denunció que la discapacidad es un factor que incrementa la captación y explotación de mujeres y niñas en redes de trata, y reclamó una legislación específica que contemple esta intersección como agravante.

Y, Laura Seara, asesora legal de Fundación CERMI Mujeres, insistió en que los procesos de rehabilitación y reintegración deben adaptarse a las necesidades individuales y estructurarse con base en los derechos de las víctimas según la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde la sala, las participantes subrayaron la importancia de visibilizar situaciones como la discapacidad adquirida por violencia vicaria, o el riesgo de retroceso en derechos, O atender a las madres de niños y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género. Todas coincidieron en una idea común: sin reparación efectiva y medidas específicas, no hay justicia real para las mujeres y niñas con discapacidad.

Compromiso contra la violencia

La inauguración del encuentro contó con una amplia representación de instituciones estatales de representación pública y del Tercer Sector, que expresaron su compromiso firme con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad.

La #ConferenciaInternacionalFCM, que coincidió con el Día Mundial del Síndrome de Down, fue inaugurada por Blanca San Segundo Madoz, representante de Down España y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, que reclamaba “el respeto a la dignidad inherente de las personas con Síndrome de Down, nuestro derecho a la autonomía y la libertad de tomar nuestras propias decisiones", dijo con firmeza. “Deseo que las niñas y mujeres con Síndrome de Down vivan una vida libre de violencia y abuso”, declaró.

Así, la presidenta de la FCM, Concha Díaz Robledo, subrayó el papel de la entidad en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de sus cuidadoras, a lo largo de sus más de diez años de trayectoria. "Nos queda mucho por hacer, pero también mucho camino andado. Hemos contribuido a reformas clave, como la del artículo 49 de la Constitución o la tipificación penal de la esterilización forzada", recordó..

Y entre otras participantes, María Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, enfatizó la gravedad de los datos: "El 20,7 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia física o sexual por parte de alguna pareja. El 12 % lo ha hecho en razón directa de su discapacidad". Y anunció que el Gobierno está ultimando un Plan específico para mujeres y niñas con discapacidad desde la Dirección General de Discapacidad, y ha reafirmado el compromiso del Ministerio con las conclusiones que se extraigan de esta Conferencia.

Falta de datos, invisibilidad y urgencia de acción

Ana Peláez Narváez, vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres y del Comité de la CEDAW (ONU), realizó en este foro una llamada de atención: "Lo primero que tenemos que decir es que no sabemos nada. Hay más de dos millones y medio de mujeres con discapacidad en España, pero no tenemos datos sobre la violencia que sufrimos". Denunció así, la carencia de datos oficiales sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad y reclamó una macroencuesta estatal accesible para poder diseñar políticas públicas eficaces.

Peláez propuso cinco grandes ejes de acción: prevención, protección, detección, justicia y reparación. También subrayó la necesidad de auditorías de accesibilidad, formación especializada para el personal judicial y mecanismos de protección que no dependan exclusivamente de la denuncia. "Las mujeres y niñas con discapacidad también somos eso: mujeres y niñas", concluyó.

El movimiento social de la discapacidad ha reclamado con contundencia la urgencia de disponer de datos desagregados por discapacidad en todas las estadísticas oficiales de violencia de género. Sin esta información, aseguran, es imposible diseñar políticas públicas adecuadas que respondan a la realidad específica de las mujeres y niñas con discapacidad. 

En esta línea, las instituciones presentes han asumido públicamente el compromiso de seguir trabajando por una respuesta más inclusiva, eficaz y con enfoque interseccional frente a la violencia. Una respuesta que reconozca el protagonismo de las propias mujeres con discapacidad en todos los espacios de decisión y vigilancia de las políticas públicas.