La Fundación CERMI Mujeres ha denunciado los retrocesos y violaciones graves y sistemáticas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad en todo el mundo, como la práctica nociva de la esterilización forzada o no consentida. El marco ha sido el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que se celebró hasta el 21 de marzo en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York,  y fue acordada en 1995 por 189 países.

Así lo pusieron de manifiesto Ana Peláez Narváez, vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas, y Marta Valencia Beltrán, patrona de la entidad y presidenta de CEMUDIS, en las distintas  reuniones y eventos en los que están participando estos días en Nueva York; entre ellos destacan: la intervención como ponentes en 4 eventos paralelos; la asistencia a eventos de interés temático para la entidad; reuniones con organizaciones de mujeres; fortalecimiento de alianzas con organizaciones de la discapacidad; y una reunión informal con la Fundación Chanel.

Hace treinta años, líderes mundiales hicieron una promesa durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: igualdad de derechos, oportunidades, poder y seguridad para las mujeres y niñas en todo el mundo. Desgraciadamente esta promesa no se ha cumplido para las mujeres y niñas con discapacidad.

Basándose en las pruebas del examen del trigésimo aniversario de los progresos de la Plataforma de Acción de Beijing, incluidos los informes nacionales de 159 Estados miembros, y en consultas con los socios, ONU-Mujeres ha definido una Agenda de Acción Beijing+30, que comprende seis acciones clave para todas las mujeres y niñas, para avanzar más rápidamente:

1. Una revolución digital. Un notable 70 % de los países están impulsando la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las habilidades digitales entre las mujeres y las niñas, pero siguen siendo lentos en traducir los avances educativos en mejores empleos. Garantizar que las mujeres y las niñas puedan cosechar los beneficios económicos de la revolución digital, accediendo a nuevas habilidades, oportunidades y servicios, cerrando la brecha digital de género y proporcionando igualdad de acceso a la tecnología digital, los servicios financieros, los mercados y las redes.

2. Liberación de la pobreza. Los programas de protección social han crecido en el 79 % de los países. Sin embargo, persisten las disparidades de acceso entre las mujeres más marginadas, incluidas las que realizan trabajos informales. La proporción de países que promueven empleos decentes en el sector asistencial está aumentando, pero lentamente. Abordar la pobreza de las mujeres invirtiendo los presupuestos nacionales en protección social y servicios públicos de alta calidad, incluyendo la salud de las mujeres, la educación de las niñas y la asistencia. Estas inversiones también pueden crear millones de empleos decentes y ecológicos.

3. Cero violencias. Aunque el 79 % de los países cuentan con planes de acción nacionales y el 90 % tienen leyes para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, la mayoría no proporciona ni de lejos suficiente financiación, aplicación o protección. Adoptar, aplicar y financiar legislación para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y desarrollar planes de acción nacionales integrales, incluido el apoyo y la coordinación con organizaciones comunitarias para ampliar el alcance de los servicios.

4. Poder de decisión pleno e igualitario. Aunque el 52 % de los países cuentan con medidas especiales temporales para impulsar la participación de las mujeres en la política, su cumplimiento limitado ralentiza el progreso hacia la representación igualitaria. También socava la calidad de la formulación de políticas y la rendición de cuentas ante las mujeres y las niñas. Acelerar el logro del poder de decisión pleno e igualitario de las mujeres en los ámbitos público y privado y en todos los niveles de gobierno, incluso mediante la aplicación de medidas especiales temporales.

5. Paz y seguridad. A medida que se multiplican las crisis, 112 países y territorios han adoptado planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Pero solo el 28 % ha aumentado los fondos para implementarlos, a pesar de los efectos devastadores de las crisis en las mujeres y las niñas y de su demostrado papel en la resolución de estas. Impulsar la rendición de cuentas en la agenda de mujeres, paz y seguridad y la acción humanitaria con perspectiva de género mediante la adopción de planes de acción nacionales totalmente financiados y la financiación de las organizaciones locales de mujeres que lideran las respuestas a las crisis y los conflictos.

6. Justicia climática. Mientras que el 53 % de los países han integrado el género en las leyes y políticas sobre desastres y clima, solo el 34 % han tomado medidas para garantizar el acceso de las mujeres a los empleos verdes. Esto socava el potencial de incorporar la igualdad en las transiciones hacia el desarrollo sostenible. Dar prioridad a los derechos de las mujeres y las niñas, incluidas las de las comunidades rurales e indígenas, en la transición hacia la sostenibilidad medioambiental, centrándolas en la acción climática y la conservación de la biodiversidad, asegurando que puedan desarrollar nuevas habilidades para conseguir empleos verdes y garantizando su acceso a los activos productivos y a los derechos sobre la tierra.

Fundación CERMI Mujeres hace un llamamiento global a los Estados, al sector privado, a la sociedad civil y a otras partes interesadas, para asegurar la inclusión efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los programas y medidas que se establezcan en la Agenda de Acción Beijing+30 de ONU Mujeres.