El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó a los grupos políticos del Congreso de los Diputados "que aceleren la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa destinada a reforzar el régimen sancionador contra las empresas que incumplen la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad, con el objetivo de que el cambio normativo pueda quedar aprobado en el actual periodo de sesiones".

La petición se refiere a la proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, cuyo debate y votación de toma en consideración tuvo lugar el pasado mes de septiembre y contó con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios, indicó el Cermi. Entre las medidas incluidas figura "el endurecimiento de la infracción por incumplimiento de la cuota legal, que pasaría de ser considerada grave a muy grave".

A juicio del Cermi, esta modificación del régimen sancionador en el ámbito sociolaboral "está plenamente justificada, ya que la inobservancia de la cuota de reserva (fijada en un 2 % para las empresas con cincuenta o más trabajadores) constituye un comportamiento antisocial que debe ser castigado con la máxima sanción posible". La confederación sostiene que "no existen razones objetivas que justifiquen el incumplimiento de esta obligación legal".

Transcurridos varios meses desde la toma en consideración de la proposición de ley, el Cermi comunicó que "ha emplazado al Congreso a impulsar una tramitación rápida que permita culminar el proceso legislativo tanto en la Cámara Baja como en el Senado dentro del actual periodo de sesiones".

La iniciativa legislativa, presentada originalmente por el Grupo Socialista, incorpora además una modificación de la Ley General de Subvenciones para prohibir el acceso a ayudas públicas a aquellas empresas que hayan sido sancionadas en firme en vía administrativa por discriminar a personas con discapacidad. Aunque el Cermi valoró positivamente esta medida, este jueves indicó "que resulta insuficiente".

El Cermi defiende "que la prohibición de recibir subvenciones públicas debería extenderse también a las empresas que, estando obligadas, no acrediten previamente el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo en favor de personas con discapacidad". A su entender, no deberían beneficiarse de fondos públicos quienes no respetan la legalidad vigente, motivo por el cual ha planteado enmiendas a los grupos parlamentarios para ampliar el alcance de esta restricción.

El endurecimiento del régimen sancionador por incumplimiento de la cuota de reserva figuraba ya entre las propuestas del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, promovido por los ministerios de Derechos Sociales y Trabajo junto al Cermiy la Fundación ONCE, un documento que ahora avanza hacia su concreción normativa.