Han tenido que pasar más de 6 meses para que el Consejo de Ministros aprobara finalmente, como hizo este 14 de julio, la declaración del Sistema de Lectoescritura Braille como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, un reconocimiento histórico que pone en valor la trascendencia cultural, educativa y social del principal sistema de acceso a la lectura y la escritura para las personas ciegas. Como ya anunciamos en enero, con esta declaración, el Estado reconoce oficialmente el braille como una manifestación cultural viva que forma parte del patrimonio común de nuestra sociedad y cuya preservación, promoción y transmisión garantizan la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad visual. Ahora, el próximo paso es que el braille inicie el camino para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Los reyes recibieron, en el Palacio de La Zarzuela el 17 de julio, a los representantes de esta plataforma de personas con discapacidad que les expusieron esta evaluación bianual desde que se reformó el Artículo 49 de la Constitución, ya que constituyó la primera reforma de carácter social de Carta Magna y supuso un hito para las personas con discapacidad y sus familias, al consagrar un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión y la igualdad real.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 14 de julio, por mayoría, el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Una reforma integral que supone refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, y menos burocracia. Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50% de la inversión.

La Plataforma del Tercer Sector expresa su preocupación en el actual contexto marcado por recientes acuerdos políticos, ante la incorporación de planteamientos que podrían suponer un retroceso en la garantía de derechos y en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.