El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha manifestado su preocupación ante la propuesta de la Comisión Europea para modificar las Directivas (UE) 2022/2464, sobre la presentación de información sobre sostenibilidad empresarial (CSRD), y (UE) 2024/1760, sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD)

Según el CERMI, los cambios planteados en la iniciativa Ómnibus, publicada el 26 de febrero, podrían reducir la efectividad de estas normativas, que han supuesto un avance significativo en la inclusión de las personas con discapacidad dentro del marco regulador europeo en materia de sostenibilidad empresarial.

En concreto, la CSRD incorporaba la inclusión y el empleo de personas con discapacidad como factores sociales clave en la información empresarial de sostenibilidad, a través de requisitos de divulgación (NEIS). Por su parte, la CSDDD reconocía en sus considerandos la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) como marco jurídico que las empresas deben considerar en su diligencia debida en derechos humanos

Reducción del alcance y retrasos en la aplicación

El CERMI ha alertado sobre el impacto negativo que supondría la modificación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre información de sostenibilidad, ya que la propuesta limitaría su cumplimiento obligatorio a empresas con más de 1000 empleados/as. Esta medida, según cálculos de la propia Comisión Europea, dejaría fuera al 80% de las empresas, debilitando el objetivo de garantizar la transparencia en sostenibilidad y la inclusión de criterios sociales en la actividad empresarial.

Asimismo, ha lamentado los retrasos en la aplicación de ambas Directivas, señalando que, si bien es comprensible que las empresas necesiten plazos de adaptación, es fundamental que los marcos normativos se mantengan estables y sin dilaciones que comprometan su efectividad.

El CERMI también ha expresado su inquietud ante la posible revisión del primer conjunto de normas de divulgación, cuya intención es simplificar y racionalizar las NEIS mediante la eliminación de ciertos puntos de datos obligatorios. En este sentido, ha advertido sobre los riesgos de reducir la relevancia de los aspectos sociales en la sostenibilidad, especialmente aquellos que garantizan la visibilidad de las personas con discapacidad en los informes empresariales.

Llamamiento a las instituciones europeas y al Gobierno de España

La entidad ha instado a la Comisión Europea, al Parlamento y al Consejo a mantener las NEIS y los puntos de datos actuales que hacen referencia a las personas con discapacidad, considerando que estos contenidos son fundamentales para garantizar que sus derechos y necesidades sean contemplados en la información de sostenibilidad empresarial.

Además, ha solicitado la implementación de mecanismos sólidos para la aplicación de la CSDDD y ha urgido a la rápida elaboración de directrices que aclaren la interpretación de la Convención de la ONU. En este sentido, ha recordado que este tratado internacional, ratificado por la UE y sus Estados miembros, es jurídicamente vinculante y no debería depender de la voluntad de cada empresa.

El CERMI también ha expresado su preocupación por la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil como partes interesadas en la CSDDD y ha instado a reconsiderar los mecanismos de responsabilidad incluidos en la propuesta original, así como cualquier otro instrumento que favorezca su aplicación efectiva.Por último, ha reiterado su llamamiento al Gobierno de España para que continúe con la transposición efectiva de estas Directivas y no se reviertan los avances logrados en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito de la sostenibilidad.

El CERMI ha reafirmado su compromiso con una Europa más inclusiva y accesible para todas las personas y ha instado a la Comisión Europea a reconsiderar los cambios propuestos, asegurando que los derechos de las personas con discapacidad sigan siendo una prioridad en las políticas de sostenibilidad empresarial.

Asimismo, ha reiterado su disposición a seguir trabajando con las instituciones europeas, el Gobierno de España y la sociedad civil para garantizar una regulación que refuerce la dimensión social de la sostenibilidad.