CERMI Mujeres reclama acción institucional urgente para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad
La Fundación CERMI Mujeres (FCM), como plataforma estatal de representación y defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, ha hecho público su manifiesto anual con motivo del 25N, bajo el lema: “¡El silencio te hace cómplice! Denuncia la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad”.
En este manifiesto, la entidad alerta de que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan un riesgo extremo y sistemático de sufrir múltiples formas de violencia, especialmente en contextos cerrados como instituciones residenciales, centros de salud mental, centros educativos especiales o entornos familiares que dificultan la denuncia y favorecen la impunidad. CERMI Mujeres recuerda que estas violencias permanecen a menudo invisibles debido al silencio de autoridades, profesionales y entornos cercanos, lo que perpetúa una situación de desprotección estructural.
El documento detalla que la institucionalización, la ausencia de mecanismos seguros de denuncia y los prejuicios sobre la capacidad jurídica o la credibilidad de estas mujeres agravan su vulnerabilidad, generando una doble discriminación por razón de género y discapacidad.
Frente a esta realidad, la entidad reclama medidas inmediatas que incluyan la detección e investigación de todos los casos de violencia, la supervisión independiente de centros y servicios, la creación de canales accesibles y seguros para denunciar, la exclusión de procedimientos de mediación no adecuados y la formación específica para que las mujeres y niñas institucionalizadas puedan identificar y comunicar situaciones de maltrato o abuso.
CERMI Mujeres señala además que es imprescindible reforzar las obligaciones de las Administraciones públicas y de todos los servicios dirigidos a personas con discapacidad, garantizando el adecuado cumplimiento de la normativa y la protección efectiva frente a cualquier forma de violencia. La organización impulsará acciones de incidencia política, sensibilización y acompañamiento a víctimas, avanzando hacia un modelo de atención centrado en la dignidad, la autonomía y la seguridad de todas las mujeres y niñas con discapacidad.
La entidad reitera que romper el silencio es una responsabilidad colectiva y que ninguna manifestación de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad puede quedar sin denuncia, sin investigación ni sin reparación. CERMI Mujeres subraya que garantizar una vida libre de violencias para todas es un deber democrático inaplazable y una exigencia que interpela al conjunto de instituciones y a la sociedad en su conjunto.
Denuncia la violencia estructural contra mujeres mayores con discapacidad
Por otro lado, la FCM ha denunciado públicamente la violencia estructural y persistente que padecen las mujeres mayores con discapacidad, reclamando mayor visibilidad, datos específicos y respuestas políticas adaptadas a sus necesidades. La denuncia tuvo lugar durante su participación en el diálogo digital “Violencia contra las mujeres mayores: una mirada interseccional”, organizado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) junto con la agencia de noticias Servimedia el 17 de noviembre.
Peláez denunció la ausencia de protocolos en muchas instituciones que garanticen una denuncia segura, lo cual incrementa la impunidad de los agresores. “Muchas veces la violencia es perpetrada por personas de las que se espera que cuiden de ellas”, advirtió, señalando que el miedo, la dependencia y el aislamiento juegan un papel fundamental en el silenciamiento de estas situaciones.
La vicepresidenta de FCM también abordó el impacto de la falta de autonomía en estas mujeres, calificándolo como otra forma de violencia estructural. “La implantación del derecho a decidir no recae en ellas mismas, sino en familiares, cuidadores o profesionales, de forma que la mujer mayor con discapacidad no tiene voz sobre su propia vida”, denunció. Según datos que compartió, “de cada cuatro personas mayores con discapacidad, tres son mujeres”, y, además, “el índice de institucionalización en este grupo es altísimo, en torno al 70–75 %”.
Criticó que la institucionalización se utilice como medida de protección, incluso para mujeres que han vivido de manera independiente, ya que, según indicó, “como medida de protección se las mete en una residencia, pero ¿qué pasa con su salud mental, con su rehabilitación psicosocial, con su recuperación como víctimas? Eso no se hace”.
En cuanto a las políticas públicas, Peláez lamentó la falta de información y de datos específicos sobre la situación de estas mujeres, lo que impide desarrollar estrategias eficaces. “No disponemos de datos oficiales con diagnósticos claros que nos permitan hacer radiografías concretas de situaciones particulares”, señaló. También criticó que “la macroencuesta de violencia contra las mujeres se ha quedado antigua y pequeña, porque no incluye lo que sucede con las mujeres institucionalizadas”.
Durante su intervención, Peláez insistió en la necesidad urgente de aplicar un enfoque interseccional real en todas las agendas políticas, tanto en el ámbito de la discapacidad como en el feminismo. “El ámbito de la discapacidad debe incorporar las cuestiones de género, y las organizaciones de mujeres deben incluir la diversidad plena y absoluta, incluyendo la discapacidad”, afirmó. Si no se avanza en esa dirección, advirtió, “las mujeres que lo tienen peor seguirán quedándose en los márgenes, sin posibilidad real y efectiva de reconducir sus vidas y cambiar sus destinos”.
Para concluir su participación en el diálogo, Ana Peláez lanzó un mensaje claro a la sociedad: “Apelo a la denuncia. Si conoces un caso de violencia contra una mujer, denúncialo, porque la estarás ayudando y nos estarás ayudando a todos y a todas a ser mejores”.