La ciudad de Logroño acogió el 3 y 4 de julio la Convención CERMI Rural 2025, una cita clave para poner en el centro del debate público los derechos, necesidades y propuestas de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Tras dos jornadas de debate, el encuentro culminó con la lectura pública de la Declaración de La Rioja sobre inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural, un manifiesto que recoge el consenso del movimiento CERMI sobre las claves políticas, jurídicas y sociales necesarias para garantizar los derechos del millón de personas con discapacidad que habitan en territorios rurales en España.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, participó en la jornada de clausura y reivindicó el alma de pueblo de la capital riojana, vinculando su identidad con las 174 localidades del entorno, la pequeñez y la inmediatez que caracterizan al medio rural.

En su intervención, destacó tres pilares inspiradores: la autenticidad de los pueblos, el fundamento humanista del bien común, y el sentido común en la política. “En los pueblos está la verdad”, afirmó, subrayando que la política debe poner en el centro a las personas y crear redes intercomunitarias. Expresó que este enfoque no puede esperar: “Nuestra gente no puede esperar”, y reclamó una gestión que dé protagonismo real a la diversidad y la cooperación entre municipios, conectando el valor del pequeño con la fuerza del colectivo".

El momento más significativo de la jornada de clausura fue la lectura pública de la Declaración de La Rioja, a cargo de Álvaro Azofra, coordinador del CERMI La Rioja, aprobada por aclamación en la Convención CERMI Rural 2025 y que articula doce ejes estratégicos que guiarán la acción política y social del CERMI para promover los derechos de las personas con discapacidad en el medio rural.

Su contenido se alinea plenamente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU —ratificada por España en 2008— y con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que consagra el deber de los poderes públicos de proteger y promover de forma efectiva los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad.

Una llamada a la acción

La Declaración de La Rioja constituye un programa de acción ambicioso y transformador, que parte de una premisa esencial: ni la discapacidad ni la ruralidad pueden seguir siendo factores acumulativos de exclusión.

Reclama políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia. Entre sus principales propuestas, destaca el impulso de servicios sociales y apoyos personalizados de proximidad, la garantía de accesibilidad universal, el acceso a vivienda digna y conectividad digital, el fomento de la vida independiente, la gobernanza inclusiva con participación real del sector social, y el despliegue de planes de empleo y emprendimiento inclusivo.

El texto incorpora además una perspectiva interseccional, con atención específica a las mujeres con discapacidad y las personas mayores. Esta declaración se erige en un llamamiento urgente a la acción, un mandato al conjunto de las Administraciones públicas para que la inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural deje de ser una deuda pendiente y se convierta en una realidad efectiva y medible en un territorio que representa más del 84 % del país.

Discapacidad y sostenibilidad

La jornada de clausura comenzó con la ponencia de Fernando Riaño, presidente de la Comisión de Trabajo del CERMI Estatal de Transición Ecológica Justa, quien defendió la urgencia de integrar la perspectiva de la discapacidad en todas las estrategias de transición verde y cohesión territorial.

"Las cosas más importantes pasan en los pueblos, y de lo que no se habla, no se cuenta ni se pone en la agenda”, afirmó. Riaño recordó que la sostenibilidad se construye sobre tres pilares: medioambiental, social y de gobernanza, pero denunció que la dimensión social sigue siendo la gran olvidada. Advirtió que las políticas e inversiones vinculadas a la transición ecológica solo serán verdaderamente justas si incorporan desde el inicio la inclusividad y la participación de las personas con discapacidad. “Aunque se etiqueten como justas, no lo serán si no cuentan con las personas con discapacidad como agentes activos del cambio social”, concluyó.

La mesa “Estrategias para la fijación de la población con discapacidad en el medio rural”, moderada por la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino, reunió a representantes de los CERMIS autonómicos de Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, quienes coincidieron en señalar la urgencia de reforzar los apoyos públicos, garantizar servicios esenciales y fomentar oportunidades reales para que las personas con discapacidad puedan permanecer en sus territorios de origen.

Desde la diversidad geográfica y administrativa -la dispersión rural de Aragón, la despoblación extrema en Castilla-La Mancha, los micro-municipios de Extremadura, la ruralidad costera de Cantabria o las barreras insulares de Canarias- se expusieron medidas como la descentralización de servicios, el transporte inclusivo bajo demanda, la reducción de la burocracia, la cooperación con ayuntamientos y diputaciones, o los programas de atención en domicilio y empleo rural inclusivo. Todas las intervenciones subrayaron que, sin accesibilidad universal, apoyo comunitario y financiación estable, fijar población con discapacidad en el medio rural seguirá siendo una promesa incumplida.
El acto de clausura contó con las intervenciones de Javier Muñoz, secretario general de CERMI La Rioja, y Teresa Palahí Juan, comisionada de CERMIS Autonómicos del CERMI Estatal, quienes subrayaron la necesidad de “avanzar en la inclusión real de las personas con discapacidad que viven en el territorio rural”.

Cerró la jornada Jorge Loyo, presidente de la Federación Riojana de Municipios, quien recordó que La Rioja, con 174 municipios, 75 aldeas y 4 entidades menores, es la comunidad autónoma con menor población del Estado.

“Nuestros pueblos enfrentan pobreza y aislamiento, y la coordinación para atender sus necesidades es aún más compleja por la escasez de recursos”, advirtió. Loyo expresó su compromiso, en nombre de la FEMP, de trasladar a los alcaldes el contenido y las propuestas de la Declaración de La Rioja. “No todo son barandillas... la foto no se completa si alguien no puede acceder”, apelando a que de la Convención surja un compromiso colectivo real y transformador, “nos llevamos deberes”, concluyó.

La Convención CERMI Rural 2025 ha reunido durante dos días en Logroño a más de 100 representantes del movimiento social de la discapacidad, responsables políticos, expertos y entidades del Tercer Sector de la discapacidad, con el objetivo de situar la ruralidad como un eje clave en las políticas de inclusión y derechos.