En respuesta a una queja del CERMI ante el Defensor del Pueblo
El Imserso está trabajando para recopilar los datos sobre la movilidad reducida a las comunidades autónomas para la explotación de la Base Estatal de Personas con Discapacidad del año 2024 y "como novedad" para este año se va a pedir el dato sobre las personas con grado reconocido de discapacidad que tengan a su vez reconocida la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos.
Así lo ha asegurado la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al Defensor del Pueblo, en respuesta a la queja que la Delegación de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Estatal de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo a la oficina de Ángel Gabilondo.
El Cermi protestó sobre la falta de datos oficiales relativos a personas en las que coincidían las dos situaciones: grado reconocido de discapacidad y reconocimiento de dificultades de movilidad para usar transportes colectivos.
Según el escrito de Gabilondo al que ha tenido acceso Servimedia, la Secretaría de Estado reconoce que está trabajando en recoger esa información "de cara a su incorporación" en la Base.
Asimismo, en la respuesta del Defensor, fechada este 18 de febrero, Derechos Sociales indica que "la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, supuso un nuevo baremo para valorar la discapacidad incluida la movilidad" y que las comunidades autónomas "se tuvieron que ir adaptando a este nuevo proceso e ir homogeneizando los datos de movilidad valorados con anterioridad al nuevo baremo y los valorados posteriormente para ser tratados conjuntamente".
"En la petición de informe se expone que no existen datos oficiales relativos a personas con grado oficialmente reconocido de discapacidad que tengan a su vez reconocida la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos", reconoció la Secretaría de Estado, que indicó a Gabilondo que "son las comunidades autónomas las que poseen estos datos dada la competencia en el asunto de referencia".
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