La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se reunió por tercera vez con la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en un nuevo encuentro con su director general, Víctor Ausín, para abordar la reforma de la Ley de Desindexación de la Economía Española.

En el marco de esta estrategia, la Plataforma ha podido trasladar, por primera vez, esta reclamación al director de Gabinete del ministro, Julio Poyo-Guerrero, lo que supone un avance significativo en el fortalecimiento del diálogo institucional para impulsar esta reforma clave para la sostenibilidad del sector.

En la reunión han participado, por parte de la Plataforma, Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector; Juan Antonio Segura, Comisionado de Sostenibilidad, y María José Juanes, directora ejecutiva.

Durante el encuentro, Susías alertó de que la actual normativa impide la revisión de precios en contratos de servicios y conciertos sociales, lo que está comprometiendo la sostenibilidad de muchas organizaciones que gestionan, en colaboración con las administraciones, servicios públicos esenciales.

En este momento, las entidades sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato, y los elevados niveles de inflación están resultando deficitarios para las organizaciones.

Nueva regulación por razones de interés social

Juan Antonio Segura explicó la iniciativa «Más sostenibilidad, mejores servicios» que promueve la actualización de los precios en los contratos del sector público. Esta propuesta, impulsada por la Plataforma del Tercer Sector, contempla la eliminación de la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector. Y también incluye la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social.

La Plataforma ha recordado que el Tercer Sector es un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía y para la garantía del bienestar y la cohesión social.

Las entidades sociales desempeñan un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país y son un aliado clave para el sector público. Además, las entidades sociales llegan, en muchas ocasiones, allí donde no alcanzan las administraciones públicas, garantizando derechos y facilitando el acceso a servicios fundamentales.