El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Congreso de los Diputados que se modifique la Ley General de Subvenciones para impedir que puedan ser beneficiarias de ayudas públicas aquellas empresas que incumplan la obligación legal de reserva de empleo para personas con discapacidad, o que hayan sido sancionadas por discriminación o vulneración de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

La propuesta se enmarca en el trámite parlamentario de la proposición de Ley destinada a impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo. En este contexto, el CERMI reclama que el acceso a cualquier subvención pública quede condicionado al cumplimiento estricto y previo de la normativa legal de acceso al empleo.

La modificación planteada mantiene las causas de exclusión ya existentes en la Ley, que afectan a empresas condenadas por delitos de corrupción, malversación, fraude, delitos urbanísticos o delitos cometidos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Además, incorpora nuevas causas de exclusión, como las sanciones administrativas muy graves por actos de discriminación, acoso o incumplimiento de la reserva legal de empleo, así como por vulneraciones en materia de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

Con esta iniciativa, el CERMI busca garantizar que los recursos públicos no favorezcan a quienes vulneran la legalidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad. “El acceso a ayudas públicas debe estar reservado a quienes respetan la ley y promueven la inclusión. No puede premiarse con fondos públicos a quienes discriminan o incumplen sus obligaciones sociales”, ha señalado la entidad.