El anteproyecto de Ley de reforma de las leyes de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social llegará al Congreso de los Diputados en el mes de septiembre.

Así lo precisó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en la rueda de prensa de presentación de la segunda entrega del Panel del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que advirtió de que “estamos en un momento crucial para el sistema”.

“Por una parte, por las tendencias demográficas que hacen que cada vez más gente solicite las prestaciones del sistema y, por otra, porque estamos inmersos en un cambio de modelo hacia servicios más personalizados que garantizan la autonomía de las personas y que les permitan vivir más tiempo en su casa y su entorno”, abundó, al tiempo que aseveró que la “evolución” que se observa en el panel “apunta” hacia un modelo “más integral y personalizado”, en el que la compatibilidad de servicios y prestaciones “se convierte en un factor clave para una atención centrada en la persona”.

A este respecto, reconoció que, “sin duda, queda mucho trabajo por delante para seguir promoviendo esta transformación” que, a su juicio, “requiere, por una parte, inversión continuada, pero también de un marco normativo actualizado para avanzar hacia un sistema más flexible que, efectivamente, responda a las necesidades de las personas y sus familias con una variedad más amplia de servicios profesionales”.

En este contexto, indicó que tanto la Estrategia estatal de Desinstitucionalización que el Gobierno aprobó hace un año a propuesta del ministerio que dirige Bustinduy, como el anteproyecto para la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que “llegará al Congreso en septiembre”, tienen por objetivo “ahondar en la dinámica de personalización de cuidados y flexibilización del sistema”, reto que la extensión de las prestaciones “ayudará a conseguir”.

Centros de Día

Entre los recursos que Derechos Sociales señaló como “claves” para reducir el peso de los entornos institucionales tradicionales están los centros de día, una alternativa que supone ya un 6,4% de las prestaciones y que han crecido un 24% entre 2020 y 2025, según la segunda entrega del Panel del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

En este sentido, en el anteproyecto se “reorienta” la definición de los centros de día para que los gobiernos autonómicos, que son las autoridades competentes, puedan “desplegar las medidas necesarias para maximizar su carácter comunitario y personalizado”.

La reforma normativa de la Dependencia y la Discapacidad propone, entre otras medidas, eliminar las incompatibilidades de prestaciones impuesto en 2012 y, según el ministerio, “afecta directamente a la calidad de los cuidados”.

Dentro de la personalización de los cuidados, Derechos Sociales ha fijado como uno de sus “principales retos” la extensión de las prestaciones centradas en la autonomía personal y en la promoción de la vida independiente.

Entre ellas, se encuentra la asistencia personal, un apoyo que permite a las personas dependientes contar con un profesional que les ayude a desenvolverse en su día a día, con el objetivo de mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.

Asistencia personal

La reforma de las leyes incluye la asistencia personal como un servicio más del sistema, lo que, según el ministerio, “ayudará a su despliegue y desarrollo”.

Junto a esta figura, las prestaciones de promoción de la autonomía —como los programas de rehabilitación, estimulación cognitiva o atención temprana— representan para el gabinete que dirige Bustinduy una “vía fundamental” para adaptar los apoyos a las necesidades de cada persona.

Por ello, en el anteproyecto para la reforma normativa se han planteado su inclusión reforzada en la cartera común de servicios para facilitar su acceso en todas las comunidades autónomas y la aplicación de la prestación también se ampliará a personas de todas las edades.

“Más allá de los nuevos modelos de atención, los datos que arroja este Panel del SAAD muestran que una parte significativa del sistema se continúa sustentando en soluciones menos integradas en el hogar”, según el ministerio.

En concreto, resaltó que la atención residencial sigue desempeñando un papel relevante en el conjunto del sistema (13% de las prestaciones), con un incremento del 25% en el número total de prestaciones entre 2020 y 2025.

“Esta modalidad continúa siendo una opción necesaria en determinadas circunstancias y su mejora es clave en el proceso de cambio del modelo de cuidados”, abundó el departamento que dirige Bustinduy, que está “impulsando” la evolución de los centros residenciales hacia entornos “más hogareños y personalizados” para garantizar una atención “de calidad y respetuosa con la voluntad y preferencias de las personas”.

Por último, la secretaria de Estado de Derechos Sociales avanzó que, “a principios” del año próximo, la cartera de Bustinduy dará a conocer una evaluación del “impacto” del acuerdo de acreditación y criterios comunes en las diferentes comunidades autónomas y que a lo largo del año está también “prevista” la publicación por parte del Imserso del censo de residencias 2024, que está “finalizando ya” la fase de recogida de información.