Estrenamos año y, con él, el deseo de ver cumplidos sueños y propósitos que hagan mejor nuestras vidas. Para la ONCE, 2026 será un año muy importante en muchos aspectos; uno de ellos es que el braille, cuyo Día Internacional celebramos cada 4 de enero, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial en nuestro país. “Que el Ministerio de Cultura de España declare el braille como Bien Cultural Inmaterial no solo supondrá un refuerzo al valor intrínseco de este sistema de lectoescritura de las personas ciegas, sino que servirá para proteger, promover y e ir más allá en el derecho de las personas ciegas a la información, al acceso a la cultura,  a la educación,  al empleo. En definitiva, en el derecho a la participación en cualquier ámbito de la vida”, manifiesta a nuestra revista Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales, Participación y Plan Oncerca de la ONCE, anunciándonos que dicha petición llegará también a la UNESCO para que el braille sea también declarado patrimonio de la humanidad.

En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado mes de septiembre la resolución del Ministerio de Cultura que incoa el expediente para declarar como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial el "uso del sistema de lectoescritura braille en las lenguas españolas".

Este uso "como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial viene justificado no solo por sus características inherentes, sino también por la manera en que es vivido, protegido y transmitido por la comunidad invidente, formando parte de su experiencia y memoria colectiva", recoge la resolución de Cultura con la que se inicia dicho expediente, y que nace de una solicitud previa del Grupo Social ONCE al Gobierno en el mes de abril de 2025, coincidiendo con el bicentenario del braille, para que este sistema sea reconocido como tal, siguiendo la estela de países como Francia y Alemania.

Y es que como inidica el texto presentado, el uso de este sistema de lectoescritura "va más allá de la mera funcionalidad, convirtiéndose en un elemento clave para el ejercicio de derechos culturales y la consolidación de un acervo inmaterial vital". "Sin embargo, aunque el braille cuenta con un sólido arraigo histórico y social, no está exento de vulnerabilidades que pueden comprometer su pervivencia como patrimonio cultural inmaterial: el desconocimiento general sobre su valor alfabetizador, educativo, cultural y de inclusión social, la creciente preferencia por soluciones digitales –texto-audio, códigos QR, lectores de pantalla– que corren el riesgo de desplazar el aprendizaje táctil en lugar de integrarse con él. Por último, la tentación de emplear el braille como simple elemento decorativo o comercial trivializa su verdadera función y erosiona su significado identitario", destaca  el texto del ministerio.

“Cuando iniciamos esta petición para que el sistema braille de las lenguas españolas fuera reconocido como un bien cultural de vital y absoluta importancia fuimos escuchados, porque creemos que cumple fielmente con todos los requerimientos de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial -explica Imelda Fernández-. Estamos muy satisfechos de la receptividad que hemos encontrado en el Ministerio de Cultura”. 

El expediente se inició, siguiendo la tramitación habitual, tras el visto bueno de las comunidades autónomas y previa información del Consejo del Patrimonio Histórico Español, la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros en 2026, España, junto aquellos países que ya tengan aprobada esta declaración, elevarán esta petición a la UNESCO, agencia de Naciones Unidas que promueve la cooperación en educación, ciencia, cultura y comunicación, para lograr el marchamo del braille como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El braille en la ONCE

Según el último Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo al menos 2.200 millones de personas padecen ceguera o discapacidad visual, y de ellas, al menos 1.000 millones tienen una discapacidad visual que podría haberse evitado o que aún no se ha tratado.

Para millones de ellas, el sistema de lectoescritura braille es el canal por el que acceden, fundamentalmente, a la educación. El impacto de este alfabeto es comparable al de la invención de la imprenta, ya que ha permitido que las personas ciegas puedan acceder a la lectura y la escritura en igualdad de condiciones. Hoy lo utilizan más de 285 millones de personas ciegas en todo el mundo. La ONU proclamó, en 2018, Día Mundial del Braille el 4 de enero, fecha del nacimiento de su creador, Louis Braille (1809-1852).

Después de dos siglos, sigue siendo esencial para las personas ciegas y con baja visión como canal de información ya que les permite acceder a la educación y la cultura de forma autónoma. Los seis puntos que lo conforman, con 64 combinaciones, se usan para componer letras y números, escribir en cualquier idioma, leer partituras o anotar partidas de ajedrez.

Hoy por hoy, el braille sigue absolutamente integrado en la historia de la ONCE. Pero ¿cómo se cuida su divulgación y aprendizaje entre sus afiliados y afiliadas? “El braille es algo esencial, es algo transversal a toda la casa, que va desde los más pequeñitos, de los niños y niñas, a las personas ya con determinada edad -explica la vicepresidenta de la ONCE-. Porque la enseñanza del braille es esencial no solo para los más pequeños... El que puedan disponer de un código de lectoescritura con el que puedan aprender, como un día me pasó a mí con seis años. Yo aprendí a leer y a escribir en braille”.

Efectivamente, la ONCE imparte a través de maestros y especialistas la enseñanza del braille a escolares afiliados y también a la población adulta con ceguera sobrevenida, porque, como explica Imelda Fernández "el braille no tiene edad. Es importante que todas las personas que lo necesiten lo conozcan, porque nos da acceso a productos, bienes, servicios, te da una seguridad y una autonomía importantísimas”.

Y añade que “en 2025 el servicio más valorado ha sido el de la enseñanza y didáctica del braille para personas adultas. Esto tenemos que agradecerlo a la red de profesionales que tenemos, en este caso a los promotores braille, una figura que estamos tratando de incorporar en todos los centros para que además de enseñar el braille a las personas afiliadas lo preserve y divulgue a nivel externo para darle el lugar y la importancia que merece”.

Nueva propuesta legislativa

Concientes de que su presencia debe de ser cada vez visible en todos los ámbitos, y con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, el Gobierno ha venido  desarrollando desde hace tres años la ley 4/2022 que obliga a incorporar el braille en el etiquetado de productos y bienes de consumo.

Esta ley busca la protección de consumidores vulnerables, como lo son las personas ciegas, incluyendo el etiquetado en braille, pero su implementación a través de un Real Decreto que el Gobierno ha trabajado con las aportaciones de la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha sufrido retrasos.

Dicho decreto define los productos afectados y las condiciones, incluyendo información esencial como alérgenos, caducidad y advertencias, con el objetivo de que esta norma suponga de facto un avance clave para la autonomía de personas ciegas o con discapacidad visual. 

Para ello, la normativa contemplaba varias soluciones:

•    El uso del sistema braille.
•    La implementación de códigos QR acompañados de una marca táctil que facilite su localización.
•    Otras soluciones tecnológicas que garanticen la accesibilidad cognitiva y universal.

Pero, tras años de trabajo, la ley española ha sido rechazada recientemente en Europa, tras el trámite de notificación iniciado el pasado mes de junio por Gobierno de España ante la Comisión Europea, la cual se pronunció en septiembre sobre el impacto que podría tener esta propuesta normativa en el mercado interior europeo. Tras analizar el proyecto, la Comisión Europea, junto con los gobiernos de Italia, Portugal, Hungría y Dinamarca, emitió un dictamen motivado en el que se argumenta que el proyecto de Real Decreto español, al establecer requisitos de etiquetado específicos y obligatorios únicamente para el mercado nacional, podría ser contrario al principio de libre circulación de mercancías, pilar fundamental del mercado único europeo.

Según la Comisión, estas medidas podrían constituir un obstáculo técnico al comercio y provocar una fragmentación del mercado interior.

Consecuencias y próximos pasos

La emisión de este dictamen activó el procedimiento de control previsto en la Directiva (UE) 2015/1535. Como consecuencia, tras aplazar la adopción del Real Decreto y cumplido el plazo de explicación de las acciones ante las objeciones planteadas por la Comisión, el Gobierno de España ha retirado el texto de la ley para modificar la propuesta.

En este punto, toca presentar otro para alinearlo con las exigencias del mercado interior, a través del denominado procedimiento TRIS (Technical Regulation Information System), regulado por la Directiva (UE) 2015/1535. Este sistema tiene como finalidad prevenir la creación de barreras técnicas al comercio dentro de la Unión, permitiendo que la Comisión y los demás estados miembro examinen y formulen observaciones sobre los proyectos nacionales antes de su adopción definitiva. 

"Llevamos muchísimo tiempo, desde prácticamente un año después de 2022, haciendo modificaciones y propuestas para conseguir tener una legislación en materia de etiquetado accesible que esté de acuerdo con nuestras necesidades -explica a nuestra revista la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), Carmen Bayarri-. Después de tanto tiempo y cuando tenemos una propuesta consensuada con el Gobierno y trasladada a Europa, nos encontrarnos con una primera negativa y la verdad es que es un jarro de agua fría. Es un proyecto muy ambicioso, pero al final es verdad que es lo que las personas ciegas necesitamos, que no es otra cosa que tener un acceso inmediato a la información de un producto".

Para Bayarri, ciega total, tener un etiquetado en braille y además un código QR accesible, es fundamental porque "es lo que nos va a poner en igualdad de condiciones con respecto a otro tipo de consumidores que al final es lo que pretende la ley de 2022 que estamos intentando desarrollar. Entonces, pese a las dificultades en Europa, seguimos empeñados en conseguirlo, y no estamos empeñados por una simple cabezonería sino porque estamos convencidos de que es lo que nos va a colocar en la misma línea o parecida, aunque nunca igual, al resto de consumidores. Entonces, queremos seguir luchando por tener esa etiqueta en braille. Lo hemos probado ya en los medicamentos y está demostrado que es posible y económicamente asumible", afirma.

Retirar la propuesta del Real Decreto significa por tanto, para ambas responsables, Imelda Fernández y Carmen Bayarri, "dar un paso hacia atrás ante lo que consideramos que es lo legítimo". No obstante, ahora, ante el muro de Europa, España reformulará el texto.

Comienza pues un nuevo proceso, en el que el Grupo Social ONCE seguirá asesorando, apoyando y acompañando a los desarrolladores políticos de esta importante propuesta legislativa para todas las personas ciegas en España, luchando y defendiendo la absoluta utilidad y necesidad del braille para que sus derechos ciudadanos no se vean vulnerados.