Ese programa del CSD apoya a los deportistas olímpicos que se encuentran entre los ocho mejores del ranking internacional, pero ese criterio se reduce a los tres primeros en los paralímpicos.

Esa propuesta figura en el 'Decálogo Agenda Política Paralímpica 2025-2028', un documento con una batería de propuestas de acción conjunta entre ambas entidades en el ámbito político para lograr el impulso del deporte de personas con discapacidad en España hasta los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El pilar fundamental de la acción política que plantean el Cermi y el CPE en este decálogo es la reivindicación del deporte como derecho irrenunciable para todas las personas y la búsqueda de la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva.

Ambas entidades denuncian que en las personas con discapacidad que quieren hacer deporte hoy en día en España no están en igualdad de oportunidades con el resto de la sociedad.

Además, apuntan que la Ley del Deporte, reformada en 2022, supone un gran avance en esta materia, pero esa norma ha de ser solo el punto de partida para desplegar una batería de actuaciones y desarrollo normativo que luchen por paliar esta situación de gran desventaja.

El decálogo reclama que toda política deportiva debe tener en consideración a las personas con discapacidad de una manera transversal en las propuestas que se hagan, pero también fomentar medidas específicas de discriminación positiva o de promoción de la inclusión en todos los niveles, desde el deporte de base, ocio y recreación hasta el alto nivel, pasando por el deporte federado y de competición.

Igualdad de derechos

Una de las 10 propuestas del decálogo es “reclamar la igualdad de derechos de los deportistas con y sin discapacidad en aquellos apartados legales en los que siguen existiendo distinciones entre unos y otros”.

Concretamente, el CPE y el Cermi plantean eliminar las diferencias existentes en la actualidad entre deportistas olímpicos y paralímpicos en los criterios para el acceso a la condición de deportista de alto nivel e incluir ese reconocimiento para los deportistas de apoyo de todas las disciplinas deportivas.

Igualmente, abogan por eliminar las diferencias entre deportistas olímpicos y paralímpicos en los criterios para acceder a las ayudas previstas en el programa Team España Élite.

Otra propuesta se refiere a velar por que se tenga en consideración la perspectiva de la discapacidad de una manera transversal en el desarrollo normativo y aplicación de la nueva Ley del Deporte, así como en otras normativas nacionales y autonómicas.

Especialmente, se refieren al Estatuto del Deportista, el Reglamento de procesos electorales de las federaciones deportivas españolas, el real decreto de régimen sancionador y disciplinario deportivo, los códigos de buen gobierno de las federaciones deportivas y otras entidades, y el real decreto de entidades deportivas.

Integración deportiva

Por otra parte, el CPE y el Cermi proponen apostar por la continuidad del proceso de inclusión de los deportistas con discapacidad en todas las federaciones deportivas, tanto nacionales como autonómicas.

Otra reivindicación es modificar el Código Técnico de la Edificación para actualizar la regulación técnica de las condiciones de accesibilidad de las construcciones de uso deportivo, teniendo en cuenta las particularidades del material deportivo específico para personas con discapacidad y promoviendo un plan de mejora de la accesibilidad de las instalaciones existentes.

También plantean fórmulas de financiación o reducción de costes del material deportivo específico necesario para personas con discapacidad (prótesis, sillas de ruedas, etc.) con su inclusión en el catálogo de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.

El decálogo plantea un marco fiscal adecuado y estable para los patrocinios en favor del deporte de personas con discapacidad y de las actividades de acceso al deporte para personas con discapacidad en los niveles de base, recreación, precompetición y competición federada.

Promover el deporte en la escuela y en la infancia como parte integral de la educación inclusiva; implantar tres planes específicos (para mujeres con discapacidad, personas migrantes y refugiadas, y personas con gran discapacidad), regular el seguro deportivo prevista en la Ley del Deporte para evitar la desprotección de deportistas accidentados (discapacidad sobrevenida en el deporte) e impulsar medidas para aumentar el protagonismo de la discapacidad organizada y del movimiento paralímpico en los ámbitos de gobernanza y diálogo civil completan la relación de peticiones.