Hacer un viaje es normalmente una actividad atractiva y placentera que, sin embargo, puede convertirse en un dolor de cabeza para personas como Ana, que tiene que luchar con la app de compra de billetes, o David, que debe sortear mil y un obstáculos cuando llega al aeropuerto o a la estación de turno para ponerse en camino.  Por ellos y por los más de 100 millones de ciudadanos con discapacidad que hay actualmente en el viejo continente se ha redactado la Ley Europea de Accesibilidad, protagonista de una jornada informativa impulsada por AccessibleEU y CEOE,  celebrada en la sede de Por Talento Digital de Fundación ONCE el pasado 22 de enero. 
 

Organizado con el objetivo de dar a conocer la actividad desarrollada por AccessibleEU para apoyar la implementación de la citada norma (en vigor desde el 28 de junio de 2025), el encuentro sirvió también para poner sobre la mesa ejemplos de buenas prácticas que ya están funcionando.

En su inauguración,  Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social ONCE, destacó la importancia de la norma comunitaria, a su entender, “la mejor posible en un marco tan amplio como es Europa”.  Y añadió, a renglón seguido, que para que pueda llevarse a la práctica y la accesibilidad sea una realidad, las empresas son “aliadas y desempeñan un papel fundamental”.

A este respecto, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, señaló, también en la apertura de la jornada, que la ley es “una oportunidad para transformar la manera en la que concebimos nuestros productos y servicios” y que las empresas tienen que aprovecharla.

Además, el presidente de los empresarios recordó que las cifras de personas con discapacidad y por tanto beneficiarias de la norma no son nada desdeñables.

Productos y servicios accesibles

Para todas estas personas está concebida la Ley Europea de Accesibilidad, cuyos puntos principales explicó en la jornada Lourdes González, jefa del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de Fundación ONCE. Según dijo, aunque hay excepciones que permiten aplazar el cumplimiento de la norma a 2030, en la mayoría de los casos, es obligatorio hacerlo ya.

A grandes rasgos, Lourdes González citó los principales tipos de productos y servicios a los que incumbe la ley. En cuanto a los productos, habló de equipos informáticos y de sus sistemas operativos; terminales de autoservicio como cajeros automáticos o máquinas de gestión de turnos;  dispositivos de comunicación y acceso a Internet (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.); dispositivos que ayudan a establecer la conectividad con servicios audiovisuales (televisores), y lectores de libros electrónicos. 

Con respecto a los servicios, se refirió a los de comunicaciones electrónicas; de acceso a las comunicaciones audiovisuales (plataformas tipo Movistar Plus+ o Neflix), o al transporte. En este último caso, la especialista explicó que la norma cita ejemplos concretos.

Además, la ley recoge otros servicios como los bancarios para consumidores; libros electrónicos y los programas encargados de su reproducción; comercio electrónico (salvo los prestados por microempresas); webs y aplicaciones móviles de servicios básicos como el gas o la electricidad; sitios webs y servicios relacionados con los viajes; las plataformas de redes sociales y el acceso al 112. 

Finalmente, la jefa del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de Fundación ONCE se refirió a los ámbitos excluidos por la norma, que según dijo, pueden sintetizarse en documentos digitales y vídeos anteriores a 2025 y de uso residual.

Tras la intervención de Lourdes González, se desarrollaron dos mesas redondas. La primera de ellas abordó el papel que juegan las asociaciones empresariales y en la segunda se expusieron buenas prácticas en las que el diseño para todos y la accesibilidad ha permitido a las empresas un posicionamiento en el mercado.

La clausura corrió a cargo de Alberto Durán, también vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE.