Momento de la intervención de Luis Cayo y Gregorio Saravia en el encuentro de cermis autonómicos

Los cermis autonómicos analizan los avances en derechos y políticas para la discapacidad en sus territorios

El informe, que recopila las principales vulneraciones, propuestas de mejora y avances en derechos humanos de las personas con discapacidad en 2024, ha documentado un total de 145 denuncias por vulneraciones de derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 81 propuestas de mejora y 39 avances. Estas cifras reflejan que el 55 % de los registros corresponden a denuncias, el 30 % a propuestas de mejora y el 15 %, a avances.

Saravia subrayó que el artículo 9 sobre accesibilidad continúa siendo el más vulnerado, seguido del artículo 24 (educación) y el artículo 27 (trabajo y empleo). Asimismo, las propuestas de mejora se han centrado especialmente en el ámbito del empleo, la accesibilidad y las obligaciones generales del Estado, mientras que los avances se concentran en accesibilidad, empleo y salud (artículo 25).

El delegado del CERMI Estatal también ha encarecido la aportación de los CERMIS Autonómicos, que nutren el informe estatal con información desde el terreno, destacando ejemplos en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Se ha animado, además, a los CERMIS territoriales a impulsar sus propios informes autonómicos, como ya hacen Cataluña y Comunidad Valenciana.

Por su parte, Luis Vañó, representante del CERMI Comunidad Valenciana, anunció que el próximo 6 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se presentará oficialmente el primer informe sobre la aplicación de la Convención de la ONU de Discapacidad en la Comunidad Valenciana.

Derogación del despido automático por discapacidad sobrevenida

Se repasaron además otros avances normativos, como la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que elimina el despido automático por incapacidad sobrevenida, una demanda histórica del movimiento CERMI, que precisamente el día de la reunión, el 21 de abril, se aprobada con carácter definitivo el Senado.

El presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez, trasladó a las estructuras territoriales del movimiento la trascendencia de este nuevo avance legislativo que coloca al ordenamiento jurídico español en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con las directivas europeas de no discriminación, y responde a una visión exigente de derechos humanos en el ámbito del empleo.

Hasta ahora,explicó, “la adquisición de una discapacidad en activo llevaba aparejada una suerte de muerte laboral, con la extinción de la relación de trabajo sin posibilidad de permanencia”. Por lo que con esta reforma legislativa "el derecho a seguir trabajando, si así lo desea la persona, debe estar garantizado con los ajustes razonables necesarios y sin que esto suponga una carga excesiva para la empresa”, dijo.

La nueva norma introduce por primera vez esta garantía en el marco laboral, reconociendo el derecho de las personas con discapacidad sobrevenida a continuar su proyecto profesional sin que su discapacidad sea motivo automático de despido.

Pérez Bueno también destacó dos desarrollos futuros que derivan directamente de esta reforma: la ampliación de estas garantías a regímenes especiales como el de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional), y la regulación de la compatibilidad entre pensión de incapacidad permanente y empleo activo, lo que abrirá nuevas posibilidades de participación laboral a las personas con discapacidad.

“El CERMI logró que la discapacidad sea puente de entendimiento incluso en un contexto de polarización extrema”, afirmó. “Esta puede ser la ley de carácter laboral más relevante de toda la legislatura para las personas con discapacidad, y ha sido posible gracias a la fuerza colectiva del movimiento CERMI”.

Otros asuntos

Por otro lado, CERMIN Navarra presentó su sistema de arbitraje en derechos de las personas con discapacidad, una vía alternativa para resolver conflictos en la Comunidad Foral.

Se compartió el informe sobre el personal laboral de los CERMIS Autonómicos, donde el 44 % son personas con discapacidad y el 82 % mujeres.

También se anunció que las jornadas formativas para estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS Autonómicos se celebrarán los días 29 y 30 de mayo de 2025.

La sesión concluyó destacando por parte del COCARMI la firma del Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Catalunya, con 12 objetivos y más de 260 medidas, fruto de un proceso participativo que refuerza el compromiso institucional con la Convención.

Estos encuentros refuerzan la labor de incidencia del movimiento CERMI, consolidando la cooperación entre el ámbito estatal y autonómico.

Te puede interesar

La discapacidad española recuerda el favorable potencial que aún encierra la Convención de la ONU sobre sus derechos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reivindicó en un comunicado "el enorme potencial transformador que aún atesora la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con motivo del Día Nacional dedicado a este tratado", que en 2026 celebra su vigésimo aniversario

Mujer de mediana edad realizando una gesto de dolor en el cuello

COCEMFE propone al Gobierno la jubilación anticipada para seis enfermedades más

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha enviado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un total de seis informes destinados a argumentar la necesidad de incluir seis enfermedades más a las que pueden acogerse a la jubilación anticipada de trabajadores y trabajadoras con grado de discapacidad del 45% o superior. En concreto son: artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3.

Mujer en silla de ruedas dentro de un edificio

Trabajo detectó 462 incumplimientos del cupo de reserva de personas con discapacidad en 2025

Según dicho documento, al que ha tenido acceso Servimedia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene planificando anualmente, desde el año 2010, una campaña a nivel nacional en relación a la integración laboral de personas con discapacidad en empresas de 50 o más empleados, que según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social están obligadas a contar con, al menos, un 2% de trabajadores con esta condición. Ese cómputo del 2% se tiene en cuenta sobre el total de la plantilla de la compañía.