Promover la inclusión laboral de personas vulnerables supone no solo un compromiso ético, sino también una inversión con un claro retorno económico y social. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado el 13 de abril en Madrid por Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano, tras evaluar el impacto de sus operaciones en el marco del trabajo con el Fondo Social Europeo en el periodo 2016-2023.

En el caso de Fundación ONCE, tal y como explica su director José Luis Martínez Donoso, "gracias al FSE hemos orientado en este periodo a más de 700.000 personas con discapacidad y dado una oportunidad laboral a cerca de 170.000. El mayor valor es que detrás de cada uno de estos números están las historias de vida de muchas personas con discapacidad a las que hemos ayudado a alcanzar sus sueños. El empleo da autonomía y te enriquece como persona, por lo que el balance no puede ser más positivo".

En un acto presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la presentación del informe puso en valor cuestiones como la contribución del Fondo Social Europeo en el periodo 2016-2023, el retorno económico y social y la fortaleza del trabajo conjunto de las cuatro entidades participantes.

Aunque la evaluación se centra en dicho periodo, las cuatro llevan trabajando por el empleo inclusivo con el respaldo del Fondo Social Europeo desde el año 2000. En este tiempo, han apoyado a más de 1,3 millones de personas, facilitando la inserción laboral de 468.996 personas y ofreciendo formación a cerca de 430.000 participantes. 

La inversión total asciende a 1.173 millones de euros, financiados en un 71% por el Fondo Social Europeo, un 7% por las administraciones públicas y un 22% por entidades privadas, principalmente las que desarrollan el programa.

La incidencia de POISES

El Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) se ha dirigido principalmente a colectivos altamente vulnerables- personas con discapacidad, población migrante, población gitana, personas con alta vulnerabilidad social, personas trabajadoras mayores de 45 años o personas con problemas de sinhogarismo o drogodependencias- con un objetivo claro de mejorar sus oportunidades de formación y empleo y avanzar hacia una sociedad más igualitaria y un mercado laboral más inclusivo.

En el caso de Fundación ONCE, las medidas puestas en marcha gracias a POISES han experimentado una evolución muy notable desde "que comenzamos con ello en el año 2000", explica Martínez Donoso.

"En los dos primeros periodos el grueso del trabajo del personal técnico de la que es ahora Inserta Empleo, se centraba en activar a las personas con discapacidad. En los dos últimos periodos, empezamos en 2016, es cuando, como único caso, adquirimos el doble rol de entidad beneficiaria de los fondos y también de organismo intermedio. Como beneficiarios, podemos actuar de manera directa en todo el territorio nacional, a través de la delegación de Inserta por prácticamente todas las provincias y como organismo intermedio, a través de las convocatorias dirigidas a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad. Dar oportunidades a los colectivos con mayores dificultades de inserción, como son las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, son una razón de ser de estos programas. También quiero destacar todo lo que podemos hacer para dar una atención global a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y que contamos con nuevas aliadas como las universidades" afirma.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), es uno de los principales instrumentos de la política comunitaria para invertir en las personas y asegurar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales mediante actuaciones en los ámbitos de empleo, educación y la inclusión social.

Más oportunidades y mayor impacto

Entre los años 2016 y 2023 las intervenciones de Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano permitieron atender a 448.830 personas, el 55% mujeres.

De este total, el 52,7% logró al menos un resultado en activación, formación o empleo. Además, 145.957 personas encontraron trabajo tras completar sus itinerarios (de las personas que estaban en desempleo o inactivas el 33,8% encontraron trabajo), y 99.316 obtuvieron una cualificación profesional. Según la evaluación, participar en el programa aumenta como media en un 58% la probabilidad de acceder a un empleo y en el caso de las personas inactivas hasta un 79%.

El impacto es especialmente positivo en las mujeres, con una tasa de inserción del 35,6%, frente al 31,7% de los hombres. No obstante, experimentan una inserción laboral más precaria, con niveles más altos de temporalidad.

El informe también destaca que los efectos del programa son duraderos, no solo en la adquisición de competencias sino también en el entorno familiar y en el cambio de mentalidad y expectativas, ya que la inserción laboral supone un cambio tanto para las propias personas como para sus familias y su entorno más próximo, además de mejorar las condiciones de vida de la unidad familiar.

Alto retorno económico

Uno de los datos más significativos está en el retorno económico de la inversión en este tipo de iniciativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que se eleva hasta triplicar la inversión realizada. Así, por cada euro invertido se generan entre 2,9 y 4 euros en beneficios económicos y sociales.

"Existe una premisa fundamental y es que lo que no se mide no cuenta -explica María Tussy, directora de Programas Europeos de Fundación ONCE-. Tras 25 años trabajando con el Fondo Social Europeo por la Igualdad en el Empleo en España, las cuatro entidades sociales que venimos desarrollando estas actuaciones conjuntas con un enfoque común basado en itinerarios individualizados de inclusión sociolaboral queríamos contar con una herramienta para generar evidencia empírica sobre políticas activas de empleo dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. A partir de un análisis riguroso realizado por expertos externos en el ámbito de lo social y económico, se han obtenido una serie de resultados a partir de una evaluación que ha abordado tres dimensiones complementarias".

Estas no son otras que "las personas participantes, la dimensión institucional y de funcionamiento del programa y, por último, la dimensión económica centrada en la relación entre los recursos invertidos y los beneficios generados. A partir de un enfoque combinado y complementario que hace un análisis del coste-beneficio y un diseño contrafactual de carácter cuasi experimental y basado en un criterio de prudencia, se han obtenido estos resultados", añade Tussy. 

La evaluación demuestra de forma concluyente que el programa es coste-efectivo y genera un retorno positivo para todos los financiadores, siendo especialmente beneficioso para las administraciones públicas españolas, que obtienen un retorno estimado en 38 euros por euro aportado.

Las claves del éxito del programa se deben al conocimiento experto de las entidades que lo desarrollan, los apoyos integrales, el empoderamiento de las personas y la vinculación con las necesidades del mercado laboral.

Las cuatro entidades han desarrollado sus actuaciones a través de un modelo de intervención integral, personalizado y cercano, que es ampliamente valorado por administraciones y empresas. Así, el 92,2% de las administraciones públicas encuestadas valora el desempeño del programa como positivo o muy positivo, mientras que el 89% de las 18.000 empresas colaboradoras consideran que los perfiles de las candidaturas presentadas se ajustan a sus necesidades.

Resulta especialmente reseñable que el programa ha contribuido a un cambio de mentalidades en el entorno empresarial, eliminando o reduciendo los estereotipos y prejuicios a la hora de contratar a personas de determinados colectivos vulnerables. Y que la financiación continuada del Fondo Social Europeo se presenta también como elemento clave para el éxito de la intervención, ya que ha permitido desarrollar programas estables a gran escala. 

"Esto representa y demuestra que los programas financiados con Fondo Social Europeo y gestionados por entidades sociales no son gasto sino inversión y además una inversión justa y rentable que debe continuar en el futuro", apostilla Tussy.

Un programa que cambia vidas

Al igual que la responsable de Programas Europeos de la Fundación ONCE, todos estos aspectos han sido destacados por los representantes de las entidades. Así, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, manifestó en la presentación del informe que la estabilidad ofrecida por el FSE es “un factor muy importante cuando hablamos de personas en situación vulnerable que necesitan de procesos largos. Esta estabilidad nos ha permitido ampliar y reforzar los programas de empleo, y tener presencia en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales y llegando a las personas que más lo necesitan”.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, dijo que “la participación en este Programa significa trabajar por un derecho fundamental: el acceso a un empleo digno en igualdad de condiciones para las personas que enfrentan mayores barreras por su situación de vulnerabilidad. Trabajar con este enfoque de derechos humanos ha guiado nuestras acciones a través del acompañamiento, abriendo caminos y generando oportunidades reales para recuperar su autonomía y sus medios de vida. En definitiva, ha permitido activar derechos, ha transformado miles de vidas, rompiendo ciclos de pobreza intergeneracional y cambiando historias personales y familiares".

Y el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, puso en valor que “esta alianza con el Fondo Social Europeo nos ha permitido contribuir desde hace ya más de 25 años a que se cumplan los sueños de miles de personas con discapacidad. Sin duda este es un programa para cambiar la vida de las personas, dar una oportunidad a la gente para que salgan de casa y para que se formen”.

Asimismo, alertó sobre la especial vulnerabilidad de determinados colectivos: “Tenemos más de mil mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia de género. Además, la discapacidad te da una oportunidad más para ser pobre y para no tener oportunidades de trabajo”.

Durán defendió el valor del trabajo cercano de las entidades sociales frente a modelos centralizados: “Tenemos relación piel con piel con ese colectivo al que ayudamos” y advirtió de que “no tiene ningún sentido que esa posibilidad se rompa”. Y también mostró su preocupación por el contexto europeo: “Europa se identifica como que quiere ayudar a este colectivo, pero lo desdibuja, no lo está haciendo”.

En este sentido, insistió en que “nos jugamos mucho porque esto tiene un valor importante para la sociedad en impacto social y económico” y advirtió de que poner en riesgo estos programas sería un error: “No se puede poner en riesgo algo que es tan bueno bajo la hipocresía de que hay otras prioridades”.

Por último, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, resaltó que para la población gitana “la contribución del Fondo Social Europeo y el hecho de que los grupos vulnerables tengan una prioridad de inversión, ha sido algo fundamental y debe preservarse, porque ha permitido la incorporación al empleo por cuenta ajena, donde prácticamente no estaban. Ha impulsado un verdadero cambio social, un cambio de expectativas y aspiraciones, muy especialmente para los jóvenes y las mujeres”.

 

Futuro de los FSE

El informe concluye que el programa sigue siendo claramente necesario en el contexto actual por las altas tasas de pobreza y desempleo de larga duración -especialmente para determinados grupos-, y muy pertinente en el futuro por la creciente especialización del mercado de trabajo, la falta de mano de obra cualificada y la reducción del número de personas en edad de trabajar debido al envejecimiento de la población.

Pero pese a los más que positivos resultados socioeconómicos, la coyuntura internacional amenaza con recortes importantes. ¿Qué impacto puede producir esta decisión en España y en Europa? 

Para Martínez Donoso el problema no el recorte de fondos: "La propuesta que ha presentado la Comisión Europea cambia la forma en que se deben de organizar estos fondos europeos y agrupa varios que hasta ahora venían con objetivos claros y definidos cada uno de ellos. Entre ellos el Fondo Social Europeo, que no olvidemos que es el único que nació en el Tratado de Roma y que durante años, como hemos visto, ha sido una herramienta clave para apoyar a quienes más lo necesitan. Con este cambio existe un riesgo real de que exista y se pierda ese carácter social y que no se garantice aún una inversión suficiente para estos fines. Nos preocupa este modelo cada vez más centralizado, basado solo en cumplimiento de resultados y cortoplacista, que se decide lejos del territorio y de las personas y donde no haya una autoridad de gestión sensible y conocedora de las políticas de empleo". 

Por tanto, si cambia la política de estos fondos decisivos hasta el momento para fomentar la inclusión activa, mejorar la empleabilidad, y sobre todo incentivar a la contratación de personas con discapacidad, ¿qué otras alternativas existen para mantener proyectos hasta ahora viables gracias a la aportación de los mismos? "En este momento tenemos que pelear y no salir a empatar -manifiesta el director de Fundación ONCE-. A finales de año pasado salvamos un punto de partido y tenemos todo este año para ganarlo. Pensar en alternativas sería el empate. Vamos a buscar alianzas en España y en Europa para que esto no sea así. Vamos a luchar hasta el final. Contamos con el apoyo del Gobierno de España y nos vamos a apoyar en todo lo que sea preciso para lograr que Europa no retroceda o incluso pierda su esencia"

Por todo ello, el responsable de Fundación ONCE, aprovecha la ocasión para lanzar el siguiente mensaje a las instituciones europeas: "La flexibilidad no puede ser la excusa para no dedicar suficientes recursos a la política social. Europa tiene un compromiso claro con la reducción de las desigualdades. Ese compromiso no puede quedarse en palabras. Debe traducirse en políticas claras, manteniendo y reforzando un Fondo Social Europeo autónomo, dotado de recursos suficientes y con una cantidad concreta de euros, al menos igual a la actual, es decir, cercana a los 100.000 millones de euros, que proteja, que incluya y que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas sin dejar a nadie atrás. Esta es nuestra máxima para las personas con discapacidad, pero que vamos de la mano también de las otras entidades para que los colectivos vulnerables se sientan a su voz en España, pero también en Bruselas, donde se van a tomar estas decisiones", concluye.