La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, recuerda que el SMI supone una medida de garantía social y que si no se mantiene la exención de tributación en el IRPF se producirá un efecto de desigualdad en el sistema fiscal español castigando a las personas con menor capacidad económica.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, ha valorado positivamente la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 16.576 euros, anunciada ayer por el Gobierno, pero, ha señalado que "es imprescindible que esta medida vaya acompañada de la correspondiente actualización en el IRPF para asegurar que quede exonerado de tributación".

Poyato ha recordado que el SMI supone una medida de garantía social y que si no se mantiene la exención de tributación en el IRPF "se producirá un efecto de desigualdad en el sistema fiscal español castigando a las personas con menor capacidad económica". Desde la Plataforma del Tercer Sector instan al Gobierno a resolver esta situación para poner fin a la incertidumbre generada en cientos de miles de personas trabajadoras perceptoras del salario mínimo.

En este sentido Poyato ha señalado que el salario mínimo "siempre debe estar exento de tributación" porque, de otro modo, miles de personas trabajadoras, con ingresos mínimos, sufrirán una reducción de su renta disponible y los beneficios que suponen la subida del salario mínimo quedarán opacados con esta tributación.

Reforma fiscal para una fiscalidad justa

Además, desde la Plataforma del Tercer Sector se insiste en que el sistema fiscal debe garantizar que se generan los recursos para aumentar la cobertura y el impacto de las políticas sociales, acompañar el proceso de transición ecológica de la economía y poner el foco en la reducción de las desigualdades. Debe, asimismo, luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Plataforma del Tercer Sector reclama que cualquier medida adoptada debe asegurar que todas las medidas implementadas en el ámbito económico, fiscal y laboral tienen un impacto social positivo, son progresivas y redistributivas socialmente y contribuyen a reducir el elevado nivel de desigualdad existente en España, con respecto a la media de la UE.