"Es tiempo de reconocer, reparar y garantizar que nunca más vuelva a ocurrir". Estas han sido la principal conclusión de las expertas que han participado en el XXVII Conversatorio organizado por la Fundación Cermi Mujeres (FCM),  titulado “Por qué una ley de reparación a víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente en España”

El encuentro concitó a destacadas voces expertas nacionales e internacionales en derechos humanos, discapacidad y género para fundamentar la necesidad urgente de una legislación que reconozca, repare y restituya los derechos vulnerados a miles de mujeres y niñas con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento, tras ser previamente incapacitadas judicialmente. El encuentro, se convirtió por tanto en un alegato coral por la justicia restaurativa, la memoria y la no repetición.

Tras años de incidencia para erradicar esta práctica -finalmente prohibida en 2020 mediante reforma del Código Penal-, el movimiento CERMI considera que ha llegado el momento de dar el paso siguiente: reconocer el daño causado y reparar a las víctimas, muchas de ellas mujeres con discapacidad intelectual que fueron incapacitadas judicialmente y esterilizadas sin su consentimiento.

“No basta con haber prohibido esta práctica. El Estado debe ahora mirar de frente a las víctimas y reparar el sufrimiento infligido durante más de tres décadas”, afirmó Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación y experta en derechos de las mujeres con discapacidad.

La propuesta de ley, presentada recientemente ante las comisiones de discapacidad del Congreso y del Senado, ha sido acogida con sensibilidad y empatía por parte de los grupos parlamentarios, así como con predisposición por parte del Gobierno. “Aunque queda trabajo por hacer, confiamos en que esta demanda se traduzca en una iniciativa legislativa concreta”, señaló Peláez.

Grave violación de los derechos humanos

Durante el conversatorio, las personas ponentes coincidieron en que la esterilización forzada constituye una grave violación de derechos humanos que afecta de forma desproporcionada a mujeres con discapacidad, muchas de ellas internadas o bajo tutela familiar o institucional.

Amalia Gamio Ríos, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, recordó que este órgano ha recomendado a España desde 2011 la supresión de esta práctica y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir internamientos y tratamientos forzosos. “Esta práctica se inscribe en un marco de privación arbitraria de libertad, violencia y tortura”, explicó.

Desde la misma óptica, Carmen Comas-Mata, miebro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, sostuvo que la esterilización forzada puede ser calificada como una forma de trato cruel, inhumano o degradante e incluso tortura, al realizarse sin consentimiento libre, informado y con respaldo judicial. “No es solo un fallo institucional: es una responsabilidad del Estado”, afirmó.

El médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, enmarcó esta práctica en el sistema de violencia de género estructural, como instrumento de control y exclusión. “Cuando la estructura del poder androcéntrico se impone desde las instituciones, se convierte en una forma institucional de violencia”, advirtió.

En términos de reparación, insistió en la necesidad de incluir no solo una indemnización, sino también atención psicológica y médica, y mecanismos de rehabilitación emocional y social para las víctimas.

Consideraciones del EDF

Desde el ámbito europeo, Alejandro Moledo, director adjunto del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), denunció la falta de armonización entre los Estados miembros de la Unión Europea en relación con esta violación de derechos. “La esterilización forzada debe ser tipificada como delito en todos los países, como exige el artículo 39 del Convenio de Estambul recientemente ratificado por la UE”, subrayó.

El Foro promueve además que la Estrategia Europea de Discapacidad y la de Igualdad de Género aborden esta cuestión de forma transversal y prioritaria.

Desde el enfoque legal y social, Laura Seara, asesora jurídica de la Fundación, explicó que muchas de las víctimas fueron privadas de decidir sobre su maternidad por decisión de sus propias familias. “El rol familiar debe pasar de la tutela al apoyo: acompañar sin sustituir la voluntad de las mujeres con discapacidad”, declaró.

El encuentro dejó claro que la ley de reparación no es un gesto simbólico, sino una obligación ética y jurídica. Tal como recordó Comas-Mata, el derecho internacional reconoce cinco pilares del derecho a la reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

“Es tiempo de reconocer, reparar y garantizar que nunca más vuelva a ocurrir”, concluyó Ana Peláez.

La Fundación CERMI Mujeres reafirma su compromiso de no cesar en la lucha hasta que esta ley de reparación sea una realidad.