La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el vicepresidente de Fundación ONCE, Alberto Durán, coincidieron el pasado 14 de mayo en la urgencia de “avanzar” en materia de accesibilidad universal como principio irrenunciable para las personas con discapacidad y con el fin de “construir una Europa sin barreras”.

Lo defendieron durante su intervención en la inauguración de la jornada ‘Reforzando la inclusión mediante la Ley Europea de Accesibilidad: Trabajamos juntos para construir una Unión Europea más accesible para las personas con discapacidad’, organizada por AccessibleEU y en cuya apertura también participaron la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, y el director del Centro Europeo de Recursos de Accesibilidad, AccessibleEU, Jesús Hernández Galán.

En el transcurso de su alocución, Martínez aseveró que el de la accesibilidad universal es “un reto de país en el que las alianzas, la colaboración entre distintas administraciones, sociedad civil, ámbito privado es fundamental” y llamó a “continuar desplegando y asegurando un derecho sin el cual muchas personas se ven privadas del ejercicio y del disfrute de muchos otros derechos fundamentales”.

En este sentido, quiso manifestar el orgullo del Ejecutivo central por el hecho de que el Centro Europeo de Accesibilidad se lidere desde España y quiso reiterar su agradecimiento a la Fundación ONCE por haber presentado una candidatura tan solvente que ha supuesto que, en la actualidad, España tenga “un centro referente en el que no solo intercambiamos y construimos alianzas, sino que también exportamos lo que se está haciendo bien aquí”.

“Creo que es compartido que la accesibilidad universal es un principio irrenunciable para todas las personas con discapacidad, porque, efectivamente, es lo que les permite que disfruten de todos los derechos, los servicios, los bienes y los productos”, advirtió, consciente de que el ejercicio de dicho principio es “lo que les permite vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en comunidad”.

Directiva europea

En este punto, consideró que, “como país, tenemos que enorgullecernos de ser pioneros” en la transposición de la Directiva (UE) 2019/882, conocida como el Acta Europea de Accesibilidad (EAA), que entra en vigor en junio y establece los requisitos de accesibilidad de productos y servicios y que “busca garantizar que todas las personas puedan acceder sin barreras a beneficios, bienes y servicios clave”.

En este contexto, subrayó que todos estos avances normativos se van a ver ampliados con el nuevo real decreto de etiquetado accesible que verá la luz esta legislatura, avanzó que, en el último trimestre del año, espera aprobar un real decreto que regula las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva y refirió también la importancia del segundo plan nacional de accesibilidad universal que “ha puesto el foco en generar la cultura de accesibilidad en España”.

Asimismo, mencionó la próxima reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, actualmente en tramitación y en la que la accesibilidad se erige como “un derecho que se articulará a través de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal para dotar de recursos el mandato de esta ley” e hizo hincapié en la inclusión de una modificación de la ley de propiedad horizontal para “facilitar” las obras en comunidades de vecinos y que aquellas personas que actualmente se encuentran “encerradas en su casa” por falta de medidas de accesibilidad, puedan ejercer su derecho.

Desafíos

En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, reivindicó el “compromiso” de la organización para “reforzar la inclusión de todas las personas de la Unión Europea a través de la accesibilidad”, al entender que sin accesibilidad no hay inclusión y recordó que la fundación lleva “décadas trabajando para que la accesibilidad se integre como un principio básico en todos los ámbitos”.

“Conocemos bien los desafíos, pero también conocemos las soluciones”, abundó, al tiempo que puntualizó que “la voluntad política, el compromiso empresarial sumado y la colaboración de la sociedad civil, entidades representativas del mundo de la discapacidad y otras, son clave para avanzar”.

Respecto al Centro Europeo de Accesibilidad, señaló que es una gran iniciativa europea de accesibilidad que promueve la implementación de políticas sobre accesibilidad en los Estados miembro, con la accesibilidad como principio transversal para toda Europa y donde las personas con discapacidad tuvieran el máximo protagonismo.

“Nuestra implicación responde a la convicción de que solo con estructuras estables, alianzas sólidas y una perspectiva internacional podemos asegurar que los avances en la accesibilidad se traduzcan en mejoras reales y sostenidas para la vida diaria de las personas”, agregó, al tiempo que defendió que “se tiene que notar el efecto en la vida diaria de los más de 80 millones de personas con discapacidad en Europa y sus familias".

Durán también se refirió a la entrada en vigor, en junio, del Acta Europea de Accesibilidad (EAA), que, según su punto de vista, “marca un antes y un después en el camino hacia una Unión Europea verdaderamente inclusiva”. “Por supuesto que se nos ha quedado corta, pero sabemos que es un avance importantísimo, una palanca en la cual apoyarse”, admitió, al entender que se trata de un avance estructural en el reconocimiento de que la accesibilidad “no es un lujo, es un derecho”, lo cual, para millones de personas con discapacidad en Europa “significa autonomía y dignidad”.

Además, a nivel nacional pidió seguir ampliando la dimensión social de la contratación pública y la introducción de cláusulas sociales en las políticas de empleo y urgió a las entidades sociales a seguir actuando como aliados e impulsores de la accesibilidad universal con el fin de construir una Europa sin barreras.

Por último, Pilar Villarino explicó que el Cermi propone una agenda política europea vigorosa en favor de las personas con discapacidad que se materializa en demandas como eliminar las barreras y obstáculos de todo orden que restrinjan o impidan la participación plena y efectiva de cada persona con discapacidad o la creación de un fondo europeo de accesibilidad universal que beneficiará también a las personas mayores y de una nueva agencia europea para la accesibilidad.