En 2025, uno de cada cuatro europeos, es decir, 107 millones de personas mayores de dieciséis años, vive con una discapacidad, sea grave o no, y un tercio de las personas discapacitadas está en riesgo de exclusión, cifra que se ha mantenido prácticamente invariable en los últimos años, según Euranet Plus News Agency | RomainLHostis.

Sin embargo, según una encuesta del Eurobarómetro, más de la mitad de las personas con discapacidad (54%) se sentían discriminadas en 2023. Estas discriminaciones adoptan diversas formas, como violencia, abusos, condiciones de estudio o de trabajo inadecuadas, falta de acceso a la atención sanitaria y al tratamiento médico, tiempos de espera excesivos, etc.

Esta falta de integración hace que estas personas sean más vulnerables a la pobreza y la exclusión social que el resto de la población: en 2024, el 29% de las personas con discapacidad de la Unión Europea corría riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18% de la población general. La cifra se situaba ligeramente por encima del 30% en 2016.

El nivel de vulnerabilidad varía entre los Estados miembros de la UE. Muchas menos personas con discapacidad corren riesgo de pobreza o exclusión social en países como la República Checa (16%), los Países Bajos y Austria (ambos en torno al 22%). Por el contrario, este riesgo es mucho más frecuente en los países bálticos, ya que afecta al 46% de las personas con discapacidad en Lituania y al 39% en Estonia y Letonia. Bulgaria (44%) y Croacia (40%) también figuran entre los países más discriminadores del bloque.

Centrarse en el mercado laboral

Si nos centramos en la cuestión del acceso al empleo, varios indicadores muestran que las personas con discapacidad son, de hecho, mucho más vulnerables al desempleo que el resto de la población. Por ejemplo, en 2024, la diferencia de empleo entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad se situaba en el 24%, según el instrumento de la UE Estadísticas sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EU-SILC). Con una tasa de empleo global del 75% en Europa, esta cifra muestra que sólo el 51% de las personas con discapacidad están empleadas. Esta brecha también muestra que se ha avanzado poco en la última década, ya que la cifra se ha mantenido sin cambios desde 2015.

Una larga acción europea en favor de una mayor inclusión

El derecho al trabajo y al empleo es un derecho fundamental, recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). La UE, signataria de este tratado, trabaja para promoverlo a través de su Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que establece objetivos a escala de la UE para 2030 con el fin de mejorar los mercados laborales y los sistemas de protección social en ámbitos…

La UE también financia iniciativas a través de programas europeos como el Fondo Social Europeo (FSE+) y el instrumento SURE para apoyar la lucha contra la discriminación, la adaptación de los lugares de trabajo, los servicios públicos de empleo y la accesibilidad. En 2021, la Comisión Europea puso en marcha una Plataforma sobre Discapacidad destinada a facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil para compartir buenas prácticas y aplicar mejor la Estrategia de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Un trabajo en curso

Como parte de la Estrategia 2030 de la UE, la Comisión ha completado seis de las siete iniciativas emblemáticas (AccessibleEU, la Tarjeta Europea de Discapacidad, las Orientaciones sobre vida independiente e inclusión en la comunidad, el Paquete de Empleo para Personas con Discapacidad, la Plataforma de Discapacidad, la estrategia renovada de recursos humanos de la Comisión).

Bruselas ha lanzado una consulta pública en octubre y hasta febrero para recabar la opinión de la sociedad civil sobre cómo reforzar su estrategia 2021-2030, con el objetivo de adaptarla a los nuevos retos de la sociedad y presentar un nuevo plan de acción en 2026.

El 27 de noviembre de 2025, el Pleno del Parlamento Europeo también aprobó un informe en el que actualizaba sus prioridades sobre la Estrategia, que incluyen una garantía de empleo y competencias financiada por la UE, así como medidas adicionales para mejorar el acceso a la formación. Dado que el término "discapacidad" no se define de la misma manera en todos los Estados miembros, el Parlamento Europeo insta a la Comisión a que proponga una definición común europea, para garantizar que todos los ciudadanos de la UE disfruten de los mismos derechos independientemente de su discapacidad.

Con este informe, los eurodiputados esperan impulsar el empleo de los ciudadanos de la UE con discapacidad que, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, "siguen encontrando demasiadas barreras para acceder al empleo, la protección social, la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios digitales".