Propone medidas específicas para garantizar el acceso equitativo a la energía y evitar que este grupo social quede en situación de vulnerabilidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas como grupo prioritario, con la protección reforzada que esa condición comporta, en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas como grupo prioritario, con la protección reforzada que esa condición comporta, en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030.
En sus aportaciones a la consulta pública, el CERMI subraya que las personas con discapacidad enfrentan sobrecostes energéticos derivados del uso de dispositivos médicos, sistemas de climatización y adaptaciones tecnológicas esenciales para su autonomía y y condiciones y calidad de vida. Para abordar esta realidad, la entidad propone la creación de un Mapa Nacional de Vulnerabilidad Energética, con el objetivo de identificar y priorizar los hogares en mayor riesgo de pobreza energética, especialmente aquellos donde residen personas con discapacidad.
Asimismo, el CERMI propone al MITECO la implantación de ayudas económicas específicas, destinadas a mitigar el impacto del coste energético en las familias con mayores dificultades. En línea con ello, reclama la puesta en marcha de una Tarifa Energética Social Específica, ajustada a las necesidades individuales y con un acceso automatizado para evitar trabas burocráticas. Además, sugiere la creación de un Fondo Estatal para la Eficiencia Energética Accesible, que financie la rehabilitación de viviendas adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida o necesidades especiales de climatización.
Desde una perspectiva de accesibilidad, el CERMI insiste en la necesidad de que los procedimientos administrativos relacionados con ayudas energéticas sean plenamente accesibles, mediante el uso de lectura fácil, braille, subtitulado y lengua de signos, entre otras medidas.
También solicita la consolidación y mejora del Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico, evitando su reducción en 2026, así como la creación de una categoría específica dentro del bono social para familias con personas con discapacidad y la eliminación de límites de potencia que afectan a quienes dependen de equipos médicos.
Por último, el CERMI insta a mejorar la coordinación entre servicios sociales y suministradoras de energía, con el fin de garantizar el acceso efectivo a los beneficios existentes. Asimismo, propone la implantación de un Programa Nacional de Rehabilitación Energética para Viviendas de Bajos Ingresos, que contemple las necesidades específicas de accesibilidad y consumo energético de las personas con discapacidad.
Te puede interesar
El Congreso pide modificar la Ley Electoral para que las personas ciegas puedan votar solas también en las municipales, por correo y desde el extranjero
La Comisión Constitucional ha aprobado en el Congreso la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Junts para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que “se establezcan aquellos procedimientos de votación, medios de apoyos o adaptaciones” necesarias que permitan a las personas ciegas o con discapacidad visual “ejercer su derecho al voto de forma autónoma y con garantías de secreto de sufragio” en todos los procesos electorales, incluidas las elecciones municipales, y también en las modalidades de voto por correo y como residentes en el extranjero.
La Plataforma del Tercer Sector celebra el 10º aniversario de la Ley del Tercer Sector y exige avances reales en su aplicación
La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social (Ley 43/2015), destaca la importancia de esta norma como hito legislativo en el reconocimiento del papel esencial que desempeñan las entidades sociales en la promoción de los derechos y la cohesión social.
Derechos Sociales concede ayudas directas por 50 millones de euros para reforzar a las entidades del Tercer Sector
El Consejo de Ministros aprobó el 7 de octubre el Real Decreto que regula la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y social, de ayudas por un importe que asciende a los 50.083.440 euros a una serie de entidades del Tercer Sector de Acción Social y del ámbito de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a las Ciudades de Ceuta y Melilla y la Comunidad Autónoma de Canarias.