El 23 por ciento de las denuncias recogidas en el Informe CERMI de Derechos Humanos y Discapacidad 2024 se refieren a la falta de accesibilidad. Trabajo, empleo y educación completan los principales ámbitos de quejas según los datos presentados .Además, se denuncia la demora en la regulación de la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad y reclama soluciones urgentes.

Así se desprende de la propuesta de “Informe Derechos Humanos y Discapacidad, España 2024” presentada el pasado 17 de febrero en la primera reunión del año del Comité de Apoyo del CERMI Estatal para la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dicho informe es una radiografía detallada de las vulneraciones y avances en la aplicación de la Convención en nuestro país. Una vez visto por este órgano asesor, pasará al Comité Ejecutivo de la entidad para aprobación definitiva.

Gregorio Saravia, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, destacaba que “del total de registros incluidos, encontramos un 55 % de denuncias, un 31 % de propuestas de mejora y un 15 % de avances”. 

Además, señala que el artículo de la Convención que concentra un mayor número de denuncias es el artículo 9, sobre accesibilidad universal, seguido del artículo 24, sobre educación y el artículo 27, sobre trabajo y empleo.

El informe revela que las propuestas de mejora se concentran principalmente en el artículo 27 (trabajo y empleo), seguido del artículo 9 (accesibilidad) y el artículo 4 (obligaciones generales). En cuanto a los avances registrados, el mayor número se refiere al artículo 9 sobre accesibilidad, seguido del artículo 27 (trabajo y empleo) y el artículo 25 (salud).

Los datos porcentuales presentados por Saravia detallan que, en 2024, el 23 % de las denuncias se refieren a accesibilidad, el 10 % a educación y otro 10% a trabajo y empleo. Las propuestas de mejora se distribuyen en un 14 % para trabajo y empleo, un 12 % para accesibilidad y un 10 % para obligaciones generales. Respecto de los avances, el 44 % corresponden a accesibilidad, el 13 % a trabajo y empleo y el 8 % a salud.

En total, se han registrado 145 denuncias por vulneraciones de derechos contemplados en la Convención, 81 propuestas de mejora y 39 avances.

Leyes y propuestas en desarrollo

Además de la presentación del informe, la reunión abordó otras cuestiones de gran relevancia para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Así, se trató el proceso de elaboración de la Observación General sobre el artículo 29 de la Convención, relativa a la participación en la vida política y pública, a cargo del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su informe de aportaciones, dado a conocer a las personas participantes, el CERMI subrayó la importancia de garantizar la accesibilidad universal en todos los procedimientos electorales y de fomentar la presencia de personas con discapacidad en cargos públicos, destacando el déficit de representación en este ámbito.

Sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), se incidió en la necesidad de mejorar los sistemas de recogida de datos sobre las personas con discapacidad solicitantes de asilo y refugiadas, asegurando que se recojan de manera desglosada por sexo, edad y tipo de discapacidad. Además, se insistió en la importancia de garantizar la accesibilidad universal en todos los procedimientos y espacios de acogida, así como en los sistemas de identificación y evaluación de necesidades.

En relación con el anteproyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, presentado por el Gobierno al CERMI la pasada semana, se destacó la creación de un fondo estatal para financiar mejoras de accesibilidad en edificios públicos, la reducción del coste que asumen las comunidades de vecinos en obras de adaptación, y la concesión automática del 33 % de discapacidad a las personas con grado de dependencia reconocido.

Se abordó la demora en el desarrollo reglamentario de la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad, que ha motivado la presentación de quejas formales por parte del CERMI ante el Defensor del Pueblo y ante la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ambos órganos han abierto expedientes de investigación sobre esta cuestión, en respuesta a la preocupación por los perjuicios que esta dilación está causando a los trabajadores afectados.

En cuanto a la acción de incidencia ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se expuso la necesidad de priorizar a las personas con discapacidad en la futura Estrategia contra la Pobreza en el Transporte. CERMI planteó la creación de un Observatorio de Movilidad y una Oficina Nacional de Movilidad que permitan garantizar la accesibilidad, asequibilidad y seguridad del transporte, y denunció las carencias en los descuentos para personas con discapacidad en operadores privados y la escasez de vehículos accesibles en el sector VTC.

Asimismo, se informó sobre la reclamación presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa por vulneración del derecho a la vivienda adecuada debido a la falta de accesibilidad en edificios residenciales. Esta acción se enmarca en la estrategia de litigio estratégico impulsada por CERMI.

Y, finalmente, se presentó la propuesta del CERMI para la creación de una Agencia Europea de Accesibilidad con sede en España y un fondo europeo específico en esta materia. Además, se reivindicó un reglamento más garantista sobre los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad, denunciando los abusos y barreras que se siguen produciendo en el transporte aéreo.