El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), celebró el 18 de noviembre una nueva edición de su foro “Palestra CERMI”, dedicado íntegramente a la exposición por parte del Gobierno del contenido y alcance de la reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, actualmente en debate en las Cortes Generales. El acto permitió conocer de primera mano la posición del Gobierno en un momento clave para la agenda social y de derechos de las personas con discapacidad y mayores en España.

La sesión fue inaugurada por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, quien contextualizó la iniciativa legislativa en curso, derivado del nuevo marco constitucional inaugurado tras la reforma del artículo 49 en 2024: "Estamos ante un proyecto de ley relevante, que moderniza las dos normas troncales de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes necesitan apoyos intensos para la autonomía personal", afirmó.

Luis Cayo Pérez recordó que el artículo 49 renovado "establece la titularidad plena de derechos, la no discriminación, la acción positiva, la inclusión social, la autonomía personal, los entornos universalmente accesibles, la participación y la atención prioritaria a mujeres e infancia con discapacidad como exigencias de toda acción pública". En este sentido, destacó que la reforma legislativa "no puede ser patrimonio de un solo bloque político, sino el reflejo de un proyecto de país sostenido por amplios consensos".

Nuevas definiciones, derechos reforzados y obligaciones claras

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, fue el encargado de exponer las novedades del bloque relativo a las modificaciones en Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. En su intervención, insistió en que la norma se orienta a un cambio de paradigma: "Era necesario poner a las personas en el centro. El discurso de los derechos humanos solo es verdadero si se concreta en obligaciones vinculantes para los poderes públicos", señaló.

En relación con la reforma conceptual, Martín subrayó la importancia de actualizar definiciones clave para facilitar la correcta interpretación de la ley. "Definir con claridad inclusión, desinstitucionalización, ajustes razonables o capacitismo es imprescindible para que operadores jurídicos, administraciones y tribunales apliquen el modelo de derechos humanos de forma coherente".

Asimismo, explicó la asimilación administrativa entre dependencia y discapacidad, ya que "si una persona ya tiene un grado de dependencia reconocido, no debe volver a pasar otro circuito. Vamos a eliminar cargas y a reconocer automáticamente la discapacidad en esos casos".

El director general expuso además los pilares de protección a familias, infancia y mujeres con discapacidad, así como las novedades en salud mental, accesibilidad y lucha contra la discriminación. "Por primera vez habrá un artículo específico dedicado a la salud mental desde un enfoque comunitario, con contenciones e internamientos involuntarios como excepciones absolutas", dijo. También anunció la creación de un registro estatal de tarjetas de estacionamiento, la modernización de los centros especiales de empleo, que pasarán a denominarse “empresas para la inclusión social”, y la obligación legal de incorporar accesibilidad en todos los sistemas sanitarios, educativos y culturales. 

Finalmente, insistió en la necesidad de dotación presupuestaria estable: "La accesibilidad universal tendrá financiación directa. Ya no será algo voluntarista, sino un derecho exigible".

Autonomía personal

La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho Castiello, desarrolló exhaustivamente la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Comenzó recordando la transformación social producida en las dos últimas décadas. "La sociedad ha cambiado profundamente. Hoy muchas personas viven solas, tienen mayor nivel formativo y desean envejecer en su hogar y en su comunidad, no en modelos institucionales del siglo pasado", indicó.

Sancho explicó los cuatro grandes ejes de la reforma: refuerzo de derechos, actualización del catálogo de servicios, flexibilización de apoyos y fomento de la innovación. "Las prestaciones y servicios serán compatibles entre sí, porque las necesidades reales no son compartimentos estancos", afirmó. También subrayó la importancia de impulsar la asistencia personal como prestación y como servicio, especialmente en perfiles que requieren apoyos intensos.

En relación con los modelos residenciales, señaló que "debemos transitar hacia modelos vivienda, individuales o colectivos, que permitan mantener proyectos de vida. Las instituciones actuales deben reformularse para dejar de ser espacios hospitalarios y convertirse en hogares".

La directora general recalcó además la incorporación de la teleasistencia como derecho subjetivo, la ampliación del servicio de ayuda a domicilio fuera del hogar y la introducción de servicio de provisión de productos de apoyo. "No es comprensible que un sistema orientado a la autonomía personal no contemplara un servicio de productos de apoyo. Era una carencia y ahora forma parte del catálogo", remarcó.

Sobre la financiación, concluyó, "España aún está lejos de la media de la OCDE. Esta ley avanza, pero necesitamos mayor compromiso presupuestario para garantizar que nadie quede sin apoyos mientras espera".

Ambos representantes del Gobierno coincidieron en destacar la necesidad de un amplio acuerdo parlamentario que refuerce la estabilidad de la futura ley. Martín Blanco apeló directamente a las fuerzas políticas: "Esta es una ley de país. Sería difícil explicar que un texto que desarrolla el artículo 49 de la Constitución no reciba un apoyo mayoritario".

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, subrayó que estas reformas “deberían ser cuestiones esenciales en las que la sociedad se estuviera pronunciando”. Reiteró el apoyo del movimiento social de la discapacidad al proyecto de ley y defendió que el texto debe ser “corregido y aumentado” durante su tramitación para lograr el mayor respaldo político.

Recordó que 2026 marcará los veinte años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y expresó su confianza en que la nueva ley permita contar con “marcos normativos, de políticas públicas y presupuestarios crecientes y suficientes”. Y concluyó que la discapacidad “no debe ser un castigo, sino un elemento de diversidad humana bien entendido y atendido por los poderes públicos y la sociedad”.