El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó este jueves su Informe España 2025 resaltando las “barreras” y la “segregación” que sufren las mujeres y niñas con discapacidad porque este colectivo sigue enfrentándose a "mayores obstáculos" en ámbitos clave como la educación, el empleo o la participación social.

Así lo señaló la presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo, durante un diálogo organizado por Servimedia en el que también participaron el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, Gregorio Saravia; la delegada de la Fundación 'la Caixa' en la Comunidad de Madrid, Laura Llapart, y la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad, Jara Sánchez.

En el encuentro se abordaron las principales conclusiones del Informe España 2025 sobre Derechos Humanos y Discapacidad, que analiza la situación de este colectivo a partir de denuncias por vulneración de derechos, examina su grado de cumplimiento y plantea propuestas para mejorar su aplicación efectiva.

Castillo explicó que el documento evidencia que “la igualdad formal aún no se traduce en una igualdad efectiva”, especialmente cuando confluyen factores como el género y la discapacidad, lo que agrava las situaciones de desigualdad y genera una mayor exposición a discriminación estructural en distintos ámbitos de la vida.

En este sentido, subrayó que las mujeres y niñas con discapacidad “seguimos afrontando mayores obstáculos en el acceso a educación inclusiva, empleo, participación política y social”, lo que, a su juicio, refleja que la aplicación de los derechos reconocidos no se produce de manera homogénea ni efectiva.

Asimismo, destacó que el informe recoge situaciones de especial vulnerabilidad, como una mayor exposición a la violencia de género, la explotación o la trata, y advirtió de que estas realidades requieren una respuesta institucional reforzada y políticas públicas específicas que aborden esta doble discriminación.

También incidió en que, pese a los avances registrados en las últimas décadas, persisten desigualdades estructurales que afectan especialmente a este colectivo y que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y garantizar una aplicación efectiva de los derechos reconocidos.

Por su parte, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, Gregorio Saravia, señaló que el informe recoge un total de 145 denuncias por vulneración de derechos y 169 propuestas de mejora, lo que permite trazar una radiografía detallada de la situación actual de las personas con discapacidad en España.

Desafíos

Saravia indicó que estos datos reflejan tanto avances como aspectos que “tienen que ser celebrados”, al tiempo que evidencian que “quedan muchos desafíos y muchas tareas por llevar adelante” para lograr una plena garantía de derechos en este ámbito.

El delegado explicó que el informe se enmarca en un contexto especialmente relevante, marcado por el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que calificó como “un hito histórico” y “un trampolín para las políticas públicas inclusivas”.

No obstante, advirtió de que, pese al desarrollo normativo, persisten problemas en la aplicación efectiva de estos derechos, especialmente en ámbitos como la accesibilidad, donde se siguen produciendo incumplimientos que afectan de forma directa a la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

En esta línea, la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad, Jara Sánchez, apuntó a la existencia de una “brecha entre el derecho reconocido y el derecho garantizado”, y señaló que muchas veces “el derecho existe y luego no llega, llega tarde o se acaba diluyendo”.

Sánchez explicó que esta situación responde a factores como la burocracia, la desigualdad territorial o las dificultades derivadas de la digitalización, y advirtió de que “el incumplimiento más sofisticado no consiste en negar un derecho, muchas veces consiste en hacerlo sin hacerlo utilizable”.

Asimismo, defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, así como de garantizar procedimientos accesibles y eficaces que permitan a las personas ejercer sus derechos sin depender de su capacidad individual para afrontar procesos complejos.

Por su parte, Laura Llapart manifestó la importancia de seguir apoyando la realización de este informe y puso en valor el papel de las entidades sociales en la garantía de derechos y destacó que su organización ha apoyado con más de 17 millones de euros proyectos dirigidos a personas con discapacidad. También destacó que estas organizaciones "son un tejido fundamental dentro de la sociedad civil para apoyar que se aplique la legislación”, además de recalcar que “son garantes y trabajan en el dia a dia para asegurar que esas personas de alguna manera tengan garantizados sus derechos”.

Llapart subrayó que estos programas han permitido atender a más de 184.000 personas y facilitar la inserción laboral de más de 30.000, al tiempo que incidió en la importancia de reforzar el apoyo en entornos rurales, donde existen mayores dificultades para el acceso efectivo a derechos y servicios.