La Plataforma del Tercer Sector acoge con satisfacción la aprobación, en Consejo de Ministros, de la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para acompasarlas a los mandatos del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que incorpora avances clave en materia de servicios sociales. 

Servicios sociales como servicios esenciales

Entre las novedades más destacadas, se reconoce por primera vez a los servicios sociales como servicios esenciales, al considerarlos imprescindibles para garantizar las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Esta medida, largamente demandada por el Tercer Sector, responde a una reivindicación histórica de la Plataforma del Tercer Sector, que ha defendido, durante años, la necesidad de blindar los servicios sociales como pilar fundamental del Estado del bienestar.

"Este reconocimiento supone un avance decisivo para garantizar la protección social de las personas en situación de vulnerabilidad. Es un paso que llevábamos mucho tiempo reclamando y que refuerza el papel de los servicios sociales como un derecho, no como una opción", ha afirmado Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector. 

Además, la reforma también establece que esta consideración de esencialidad garantizará la atención a todas las personas en situaciones de emergencia. Por otro lado, la ley también contempla que las ayudas de emergencia social, que gestionan los servicios sociales, quedarán excluidas del régimen general de subvenciones, lo que permitirá una gestión más ágil y eficaz. 

Este texto normativo, impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una activa participación del sector social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, entidad miembro de la Plataforma del Tercer Sector y aprobado hoy en el Consejo de Ministros, inicia ahora su trámite parlamentario y tendrá que ser aprobado por las Cortes Generales (Congreso y Senado).