La vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital, y presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, ha participado en la presentación del Informe 'Análisis de la brecha de género en las pensiones', realizado por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad.

Según este estudio, se desprende que la pensión media mensual de los hombres asciende a 1.564,53 euros, mientras que la de las mujeres se sitúa en 1.071,76 euros, lo que representa una brecha de género del 31 %.

El informe 'Análisis de la brecha de género en las pensiones' constata que, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas, los datos analizados y referidos a 2025 confirman que las mujeres continúan enfrentando una situación de desprotección económica en el momento de su jubilación.

También demuestra que la desigualdad entre hombres y mujeres se expresa de forma significativa en el resto de las prestaciones del sistema, “con implicaciones graves en términos de igualdad, autonomía económica y calidad de vida, que desemboca en una feminización de la pobreza también en la vejez”.

La presencia de mujeres es más alta en pensiones contributivas que no derivan de un vínculo directo con el mercado laboral, como la pensión de viudedad, así como en las pensiones no contributivas.

Además, la brecha de género se agudiza cuando se combinan otras situaciones de vulnerabilidad: mujeres con discapacidad, de etnia gitana o familias monomarentales.

Al acto ha asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha recalcado durante su intervención que “las brechas de género son una injusticia histórica” sufrida por las mujeres a lo largo de los años. También ha pedido incorporarlas a todos los estudios e informes.

Según la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, presente en el acto, “la brecha de género en las pensiones es, ante todo, una brecha de derechos, dignidad y libertad para miles de mujeres mayores”. Ha destacado que “es más fácil cambiar la configuración de las Seguridad Social que la mentalidad de milenios de patriarcado”.

Mientras, la directora del Instituto de las Mujeres, Cistina Hernández, ha señalado que “la brecha de género en las pensiones es, ante todo, una brecha de derechos, dignidad y libertada para miles de mujeres mayores”.

Por ello, el informe plantea identificar el alcance de la brecha de género y facilitar medidas de acción que permitan alcanzar la igualdad en el sistema de pensiones, mejorando las políticas públicas.

Las mujeres con discapacidad “tenemos más presencia en las pensiones no contributivas”

Durante su intervención, Patricia Sanz hizo referencia al hecho de que “seguimos asociando al concepto de pensión contributiva a lo voy a percibir porque me lo he ganado y me lo merezco, y así es, y el de no contributiva es una acción solidaria por la necesidad que tengo, en este caso por tener una discapacidad y más por ser mujer y tener discapacidad”. Pero la realidad es que “podemos optar, hombres y mujeres, con y sin discapacidad, a pensiones contributivas o no, en función de nuestra historia, de nuestras circunstancias y de lo que nos pasa por el camino”, ha asegurado.

Sanz ha explicado que las mujeres con discapacidad “tenemos más presencia en las no contributivas y los hombres en las contributivas”, y esto sucede, por varias razones: las mujeres con discapacidad se incorporan más tarde al mercado laboral porque “accedemos más a estudios superiores, cada vez más, y eso es algo positivo, pero como nos cuesta más realizarlos de verdad, tardamos más en incorporarnos al mercado laboral, en empezar a buscar trabajo”. Además, asegura, “pasa bastante más tiempo que para la media de la población el que nos den esa primera oportunidad, porque lo que ven es tu discapacidad”.

Ha hecho también referencia a que la discapacidad es, cada vez más, sobrevenida, por diferentes motivos entre los que se encuentra la violencia de género. “En un 30% de las víctimas de violencia de género que nos llegan con discapacidad buscando empleo, la discapacidad es consecuencia de la violencia, no al revés. Y eso genera dificultades de permanecer en el mercado laboral”, afirma. Si la discapacidad es sobrevenida, las segundas oportunidades en mujeres de 45 o 50 años que buscan empleo “es puro azar”. 

Todo ello se traduce en que las mujeres con discapacidad tienen más pensiones no contributivas porque cotizan menos tiempo, y si no llegan al mínimo de los tiempos de los años para llegar a una contributiva, se quedan en la otra parte. Y, para Patricia Sanz, “quedarte en la otra parte, supone, estar en una situación de riesgo de pobreza, y yo le quitaría la palabra riesgo, porque cobrar menos de mil euros al mes desde una edad muy temprana es ser pobre desde la mediana edad, no sólo cuando eres mayor”.

“Para corregir la brecha de las pensiones que hemos normalizado, que está en el 31%, cuando la salarial está en el 20%, lo que tenemos es que empezar a corregir mucho más atrás, y si hay discapacidad, mucho más”, ha concluido.