La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez Narváez, compareció el 26 de febrero ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para presentar y defender una posible ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas legalmente por razón de discapacidad.  En su intervención, Peláez solicitó el apoyo de los grupos parlamentarios para que esta iniciativa, orientada a la justicia restaurativa, “memoria, justicia y reparación”, continúe su curso legislativo y se convierta en una norma estatal.

La comparecencia se enmarca en la continuidad del trabajo institucional y parlamentario sostenido por la FCM y por el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI, que viene reclamando una respuesta pública integral para las víctimas.

En su exposición, la vicepresidenta ejecutiva recordó que, entre el 12 de julio de 1989 y el 18 de diciembre de 2020, el Código Penal permitió que un juez, sustituyendo la voluntad de la persona, autorizara esterilizaciones por razón de discapacidad bajo el pretexto de un supuesto interés superior.

Peláez subrayó que se trató de “una práctica permitida en España durante más de 30 años”, que constituyó “una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales”, con un impacto particular en mujeres y niñas adolescentes. Citó datos fragmentarios del Consejo General del Poder Judicial, según los cuales “más de un millar de personas con discapacidad, el 98 % mujeres y niñas, han sido esterilizadas por decisión judicial entre 2005 y 2016”, advirtiendo además del vínculo entre esterilización y restricción de la capacidad jurídica, que agravó la vulneración de derechos y obstaculizó el acceso a la justicia.

La propuesta legislativa defendida por Fundación CERMI Mujeres articula medidas concretas de reparación en cinco ejes, en línea con estándares internacionales, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

En materia de reconocimiento, plantea reconocer a todas las personas víctimas durante el periodo en que fue legal y declarar nulos los procedimientos judiciales que autorizaron estas esterilizaciones. En cuanto a la indemnización, establece una cuantía única de 30 000 euros por víctima acreditada, con salvaguardas de carácter personal e intransferible, compatibilidad con otras ayudas y exención tributaria. La norma prevé también atención integral, médica, psicológica, jurídica y social, además de medidas de reparación simbólica, como un acto de perdón público en sede oficial y la creación de un memorial.

Peláez insistió en el alcance pedagógico de la ley, subrayando que el consentimiento “previo, libre e informado” requiere todavía garantías reales para mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito sanitario, y alertó de riesgos de repetición “por la puerta de atrás” mediante prácticas que desvirtúan ese consentimiento.

La comparecencia evidenció un clima parlamentario de respeto institucional, escucha activa y disposición al estudio de la iniciativa por parte de todos los grupos intervinientes.

La portavoz de EH Bildu calificó estas esterilizaciones como una forma de “opresión institucional”, subrayó su histórica invisibilización y trasladó que su grupo ha incorporado esta demanda al trabajo parlamentario mediante enmiendas e iniciativas en otros ámbitos, planteando cuestiones relativas a la reparación simbólica en las comunidades autónomas, la articulación competencial de la restitución y rehabilitación, y las garantías efectivas de no repetición.

 

Desde el Grupo Plurinacional Sumar se coincidió en que se trata de una “vulneración extrema de derechos humanos” y se defendió la necesidad de una respuesta estructurada basada en “verdad, justicia y reparación”, formulando preguntas sobre el impacto de los estereotipos de género, las posibles dificultades probatorias para acreditar la condición de víctima, la accesibilidad del procedimiento para mujeres con mayores necesidades de apoyo y las medidas necesarias para transformar la cultura jurídica y médica en relación con la autonomía de las mujeres con discapacidad.

El Grupo Socialista manifestó que la reivindicación es “justa”, reconoció que existe “una labor pendiente de reparación” por parte del Estado y expresó su “compromiso para trabajar con la mayor premura”, interesándose por la existencia de registros o trabajos previos que puedan facilitar la identificación de las víctimas.

El Grupo Popular agradeció la comparecencia y anunció que estudiará y valorará la propuesta “en profundidad”, señalando la importancia de analizar el encaje jurídico y la cuantificación de los daños en el marco de una eventual responsabilidad patrimonial del Estado.

Por su parte, el Grupo Vox reconoció que las personas esterilizadas “merecen respeto, justicia y reparación”, sin manifestar oposición a la iniciativa, aunque introdujo consideraciones de carácter ideológico ajenas al objeto central de la propuesta.

En su turno final, Ana Peláez reafirmó el enfoque estatal de la norma y, al mismo tiempo, explicó que se está solicitando respaldo de parlamentos autonómicos, aludiendo al artículo 89.2 de la Constitución Española, para reforzar el impulso institucional.

Señaló que los actos simbólicos autonómicos “nos parecen muy necesarios”, sin perjuicio de la prioridad de “sacar adelante una ley estatal”. Sobre la dimensión europea, recordó las dificultades de reconocimiento de la esterilización forzada en instrumentos internacionales, e incidió en que, incluso cuando algunos países avanzan, existen “otros refugios” normativos que pueden permitir prácticas similares, llamando a la vigilancia.

Asimismo, informó de que Fundación CERMI Mujeres ha realizado trabajos previos de aproximación a datos, vinculados a la disponibilidad de boletines estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, y a la elaboración de propuestas en instancias europeas.

Como cierre institucional, Peláez invitó a la Comisión a participar en la conferencia anual de Fundación CERMI Mujeres, que se celebrará el 13 de marzo en esta Cámara, en la sala Ernest Lluch, dedicada este año a la trata y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad. La presidencia de la Comisión “cogió el guante” y expresó que hará extensiva la invitación, no solo a esta comisión, sino también a otras comisiones vinculadas a la materia, subrayando el valor de estas jornadas para “aprender, conectar y dialogar”.

La Fundación CERMI Mujeres valora que el Congreso de los Diputados haya abierto este espacio de deliberación democrática para una causa de derechos humanos que interpela directamente al Estado.

El CERMI considera imprescindible que esta propuesta siga su curso y se traduzca en una ley estatal que garantice reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas, en particular mujeres y niñas con discapacidad, y que consolide una garantía efectiva de no repetición.

Como afirmó Ana Peláez en su intervención, “no dejemos pasar más tiempo”, porque “el Estado tiene una deuda con todas ellas”, y esta ley debe ser el instrumento para saldarla.