CERMI Estatal lanza una campaña de toma de conciencia por los 20 años de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pondrá en marcha una campaña estatal de toma de conciencia y difusión en el marco del Proyecto PALESTRA CONVENCIÓN ONU, con motivo del vigésimo aniversario de la entrada en vigor en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención, adoptada en 2006 y en vigor en nuestro país desde 2008, constituye el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI y ha supuesto un punto de inflexión jurídico, político y social en el reconocimiento de la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas con discapacidad.
Dos décadas después, el proyecto PALESTRA CONVENCIÓN ONU se plantea como un espacio de análisis, reflexión crítica y propuesta de futuro sobre su impacto real en España.
La campaña de difusión, que se desarrollará a lo largo de 2026 principalmente a través de redes sociales bajo la etiqueta #PalestraConvencionONU, tiene como objetivo generar conciencia social, reforzar el enfoque de derechos humanos y poner en valor el carácter jurídicamente vinculante de la Convención, así como visibilizar los avances alcanzados y los retos aún pendientes para su aplicación plena y efectiva.
En coherencia con los objetivos generales del proyecto, la iniciativa comunicativa abordará de manera sistemática diversos ámbitos clave a través de mensajes mensuales, poniendo el acento en cuestiones fundamentales como la exigibilidad de los derechos, el cambio de paradigma del asistencialismo a la autonomía, la educación inclusiva, la capacidad jurídica, el papel del movimiento asociativo o las obligaciones legales del Estado en materia legislativa, administrativa y presupuestaria.
Con esta acción, CERMI Estatal reafirma su compromiso con la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y subraya la necesidad de seguir avanzando en políticas públicas, marcos normativos y prácticas sociales alineadas con la Convención, desde la participación activa de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
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