La discapacidad española recuerda el favorable potencial que aún encierra la Convención de la ONU sobre sus derechos

Con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrado el 3 de mayo

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reivindicó en un comunicado "el enorme potencial transformador que aún atesora la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con motivo del Día Nacional dedicado a este tratado", que en 2026 celebra su vigésimo aniversario

En su manifiesto conmemorativo de la jornada del 3 de mayo, para la que el Cermi programó un amplio progframa de actividades, destaca "que la Convención ha supuesto una auténtica revolución en la manera de entender la discapacidad, al consagrarla como una cuestión de derechos humanos y reconocer a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos y protagonistas de sus propias decisiones vitales".

El movimiento social de la discapacidad recuerda que "este instrumento internacional, aprobado en 2006 y en vigor en España desde 2008, marcó un punto de inflexión histórico al situar la dignidad, la igualdad y la inclusión en el centro de las políticas públicas".

Bajo el lema 'Una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro', el Cermi enfatiza "los avances logrados en estas dos décadas, entre ellos el fortalecimiento del reconocimiento jurídico de derechos, el impulso a la accesibilidad universal, la mejora en el acceso al empleo y a la protección social, así como el avance en el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad".

Asimismo, subraya "el papel decisivo del movimiento asociativo de la discapacidad, junto con las instituciones públicas y los agentes sociales y económicos, en la consolidación de este enfoque de derechos y en la extensión de sus principios a la vida cotidiana".

Desigualdades y discriminación

No obstante, el CermI advirtió de que persisten barreras estructurales, desigualdades y situaciones de discriminación "que impiden la plena efectividad de los derechos reconocidos por la Convención, lo que exige redoblar los esfuerzos y mantener un compromiso colectivo sostenido".

En este sentido, la entidad reclamó "intensificar las reformas legales, reforzar las políticas públicas inclusivas y asegurar medidas eficaces que garanticen la igualdad real y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales".

El Cermi reafirmó su papel como "mecanismo independiente de promoción y seguimiento de la Convención en España, y anuncia que continuará impulsando acciones de incidencia política, sensibilización social y evaluación del grado de cumplimiento de este tratado internacional".

De los principios a la realidad

La organización hizo "un llamamiento a todos los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto para que los principios de dignidad, autonomía personal, accesibilidad universal e inclusión efectiva se traduzcan en realidades tangibles para todas las personas con discapacidad".

Finalmente, insistió en que, "veinte años después de su adopción, la Convención sigue siendo una herramienta vigente y poderosa, capaz de orientar un cambio social más justo, inclusivo y respetuoso con la diversidad humana, cuyo desarrollo pleno constituye una tarea colectiva aún en construcción".

El manifiesto íntegro está disponible en formatos que garantizan la accesibilidad: LSE, lectura fácil, pictogramas y lengua inglesa en este enlace 

COCEMFE apela a su cumplimiento efectivo

Imagen de la campaña de Cocemfe por el 20 aniversario de la convenciòn Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha subrayado la necesidad de reforzar el cumplimiento efectivo de este tratado internacional, y pone el foco en el artículo 4 de la Convención, que establece las obligaciones generales de los Estados parte y constituye el fundamento jurídico que articula el conjunto de derechos reconocidos. Entre estas obligaciones se encuentran la adopción de medidas legislativas y administrativas, la garantía efectiva de los derechos, la incorporación transversal de la discapacidad en las políticas públicas, o la colaboración con las organizaciones representativas.

“El vigésimo aniversario de la Convención no puede abordarse como una conmemoración simbólica. Hablamos de un instrumento jurídico vinculante que obliga a los poderes públicos a actuar con responsabilidad, coherencia y compromiso sostenido en el tiempo”, ha señalado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

COCEMFE destgaca que si bien en estas dos décadas se han producido avances significativos en el reconocimiento y desarrollo de derechos, el cumplimiento de la Convención sigue siendo un reto estructural que requiere una acción continua por parte de las administraciones públicas. En este sentido, la organización insiste en la necesidad de consolidar un enfoque basado en derechos, que garantice la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos.

“El artículo 4 es claro: no basta con reconocer derechos, es imprescindible hacerlos efectivos. Esto implica legislar adecuadamente, dotar de recursos suficientes, evaluar las políticas públicas y, sobre todo, contar con el Movimiento Asociativo como socio imprescindible en todo el proceso”, afirma Queiruga.

La entidad ha puesto en valor el papel del Movimiento Asociativo de la discapacidad física y orgánica, que durante estos años ha contribuido de forma decisiva al impulso, seguimiento y evaluación de la Convención, consolidándose como un interlocutor estratégico ante las instituciones. En este sentido, COCEMFE ha reivindicado su papel como actor clave en la defensa de derechos y en la construcción de políticas públicas inclusivas.

Asimismo, en el marco de esta efeméride, COCEMFE ha desarrollado una campaña de comunicación que, bajo el lema “La Convención cumple. Cumple la Convención” y el hashtag #CumpleLaConvencion, busca generar reflexión pública e institucional en torno al grado de cumplimiento del tratado.

La campaña parte de un enfoque simbólico y accesible: trasladar el lenguaje de una invitación de cumpleaños al ámbito institucional. A través de una pieza audiovisual, plantea una invitación directa a las administraciones públicas para “celebrar” los 20 años de la Convención no solo como una efeméride, sino como un compromiso activo con su cumplimiento. Este enfoque combina un tono motivador y celebrativo con una interpelación clara, proponiendo a las instituciones convertirse en socias activas en la garantía de derechos

Se articula como un ejercicio de liderazgo cívico que apela a la corresponsabilidad institucional, poniendo en valor que las personas con discapacidad física y orgánica y su Movimiento Asociativo han mantenido un compromiso constante con el desarrollo de la Convención.

Esta campaña está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
 

Compartir :

Te puede interesar

Mujer de mediana edad realizando una gesto de dolor en el cuello

COCEMFE propone al Gobierno la jubilación anticipada para seis enfermedades más

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha enviado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un total de seis informes destinados a argumentar la necesidad de incluir seis enfermedades más a las que pueden acogerse a la jubilación anticipada de trabajadores y trabajadoras con grado de discapacidad del 45% o superior. En concreto son: artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3.

Mujer en silla de ruedas dentro de un edificio

Trabajo detectó 462 incumplimientos del cupo de reserva de personas con discapacidad en 2025

Según dicho documento, al que ha tenido acceso Servimedia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene planificando anualmente, desde el año 2010, una campaña a nivel nacional en relación a la integración laboral de personas con discapacidad en empresas de 50 o más empleados, que según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social están obligadas a contar con, al menos, un 2% de trabajadores con esta condición. Ese cómputo del 2% se tiene en cuenta sobre el total de la plantilla de la compañía.