Foto de familia de los responsables de la ONCE y del Gobierno de Andorra

El Gobierno de Andorra y la ONCE firman un convenio que permitirá a los residentes en el país acceder a los servicios que ofrece esta institución

Andorra ingresará el 9,5% de las ventas de los productos de la ONCE en territorio andorrano y lo destinará al coste de esta atención social

El Gobierno de Andorra y la ONCE han formalizado un convenio de colaboración que permite a las personas con ceguera o discapacidad visual grave residentes en el país a acceder a la atención social que ofrece la Organización. 

Este compromiso, firmado el pasado 7 de mayo, se recoge en dos convenios diferentes, por un lado el firmado con el Ministerio de Asuntos Sociales y Función Pública, que contempla la colaboración en la vertiente social, y de otra, el convenio con el Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ), que se centra en las condiciones de comercialización de los productos de lotería responsable, social y segura de la ONCE en el Principado.

“Este acuerdo, fruto de meses de trabajo intenso, supone lograr un hito fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades en nuestro país. Es un ejemplo de entendimiento entre instituciones que ponen las personas en el centro y es también una muestra de como la colaboración transfronteriza puede dar frutos tangibles para la ciudadanía”, dijo el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, durante la firma y presentación de los convenios a los medios de comunicación.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha asegurado que “para esta Organización es un paso muy importante poder ampliar sus prestaciones sociales a los ciudadanos y ciudadanas de Andorra y ayudar a mejorar así las condiciones de vida de muchas personas con ceguera o con baja visión, a los que estaremos encantados de ofrecer nuestra cobertura educativa, formativa, de empleo, de inclusión social, en definitiva. Recogemos solidaridad y la convertimos en más solidaridad para quienes más lo necesitan, también en Andorra”.

En el ámbito de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, los andorranos y los residentes en el país durante tres años, o los menores que se encuentran en el país, podrán ser beneficiarias de la atención social que se necesite en cada caso y en los mismos términos que presta para sus afiliados en España. Estas personas tendrán que presentar ceguera total o deficiencia visual grave con visión asimilable a la afiliación de la ONCE.

Xavier Espot y Ángel Sánchez, durante la presentación de los acuerdos

 

Amplia cobertura social

Las prestaciones a las cuales se podrá acceder comprenden varios ámbitos. Por un lado, acceso a la cobertura que prestan los profesionales de la ONCE, como la atención educativa –mediante maestros y especialistas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Barcelona–, la rehabilitación, la instrucción en braille y tiflotecnologia, el bienestar social y el apoyo a la ocupación.

En cuanto a los recursos materiales, se facilitará a las personas con ceguera o discapacidad visual grave que cumplan los requisitos servicios como acceso a material óptico y tiflotécnico, material de adaptación a los puestos de trabajo y de estudio; entrega de perros guía para aquellas personas que precisen este auxiliar de movilidad; o la suscripción a servicios bibliográficos.

Por otro lado, la Fundación ONCE Baja Visión atenderá a aquellas personas que, sin cumplir los requisitos anteriores, presenten baja visión y que tengan una discapacidad visual igual o superior al 33%, sin incluir factores sociales, acreditada por la Conava (Comisión Nacional de Valoración de Andorra).

Finalmente, en el ámbito de la formación y el asesoramiento, el Gobierno podrá acceder, por ejemplo a la formación a profesionales, al asesoramiento técnico sobre la legislación en materia de discapacidad, y a la orientación sobre accesibilidad de las páginas web del Ejecutivo.

El coste de esta atención social se fija en el 9,5% de las ventas realizadas por la ONCE en el Principado. Por este motivo, en el marco del convenio con el Consejo Regulador Andorrano del Juego (CRAJ), la ONCE hará una liquidación anual a favor del CRAJ, de un 9,5% sobre las cantidades obtenidas de la venta de los productos de la ONCE en territorio andorrano el año anterior, y el CRAJ transferirá este importe al Gobierno para cubrir los gastos derivados de la atención social.

Con el acuerdo, la ONCE está autorizada a comercializar y vender los mismos productos que en España: lotería instantánea, juegos activos y cupones. Andorra contará, al menos, con un establecimiento fijo de venta de la ONCE –que puede ser en formato quiosco– . Finalmente, el convenio también contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por miembros del CRAJ y la ONCE.

El ministro de Finanzas y presidente del CRAJ, Ramon Lladós, y la ministra de Asuntos Sociales y Función Pública, Trine Marín, han sido los encargados de firmar los respectivos convenios con el director general de la ONCE, Ángel Sánchez. También estuvieron presentes la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Ester Cervós; el director del CRAJ, Xavier Bardina; el delegado de la ONCE en Catalunya, Enric Botí; y el director general adjunto de Juego ONCE, Patricio Cárceles.

De izquierda a derecha, el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y Ángel Sánchez, director general de la ONCE

 

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