Lourdes González recibe el premio de manos de Pedro Tomey Foto de Asociación Cluster de Catástrofes
Lourdes González recibe el premio de manos de Pedro Tomey Foto de Asociación Cluster de Catástrofes

Fundación ONCE recibe un premio de la Asociación Cluster Catástrofes por su “actuación ejemplar” en situaciones de emergencias 

El galardón se entregó en el marco del X Simposium del Observatorio de Catástrofes, celebrado en Madrid 

Fundación ONCE recibió el 26 de noviembre la ‘Distinción 2024 por una actuación ejemplar en catástrofes’, otorgada por la Asociación Cluster Catástrofes a entidades que han demostrado una “contribución destacada” en la gestión de emergencias.

La entrega del galardón tuvo lugar el 26 de noviembre en el marco del X Simposium del Observatorio de Catástrofes, celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid, y lo recogió Lourdes González, responsable de Accesibilidad Tecnológica de Fundación ONCE. 

El premio reconoce el trabajo de Fundación ONCE en materia de prevención y gestión de emergencias, que se materializa en actuaciones tales como cursos de formación, para voluntarios y Guardia Civil o en apoyo a personas con discapacidad en catástrofes reales como la DANA de Valencia, el volcán de La Palma o la crisis del coronavirus. 

La representante de Fundación ONCE fue también la encargada de presentar el capítulo dedicado a la discapacidad de la cuarta edición del ‘Barómetro de las Catástrofes en España’, que se dio a conocer en la jornada.

Titulado 'Lecciones de la DANA 2024 para la evacuación inclusiva y la atención a personas con discapacidad', el pasaje es obra de Fundación ONCE y CERMI Comunidad Valenciana y señala el impacto “desproporcionado” de este tipo de catástrofes sobre los colectivos más vulnerables.

Recoge también este capítulo recomendaciones tales como la aplicación del Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) en todas las políticas y planes de emergencia de las administraciones públicas, lo que exige un cambio de paradigma: pasar a un modelo preventivo de “gestión del riesgo”.

Según explica el documento, el PEI debe incluir un registro oficial de vulnerabilidad, accesible y voluntario que identifique a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables.

Igualmente, sostiene que es “fundamental” aplicar de manera estricta el principio de “reconstruir mejor”, sin limitarse a “reparar lo dañado”, y apunta que toda la infraestructura deteriorada debe reconstruirse bajo los principios del diseño y la accesibilidad universal, lo que supone eliminar barreras arquitectónicas, instalar sistemas de transporte accesibles y asegurar la accesibilidad cognitiva con señalética clara y pictogramas.

Las recomendaciones de Fundación ONCE y CERMI CV para una evacuación y recuperación inclusivas aluden también a formación y simulacros inclusivos obligatorios, a la creación de un fondo social específico, al impulso de la innovación y la tecnología inclusiva para emergencias y al establecimiento de un Observatorio de Emergencias y Discapacidad.

Daños de 40 millones de euros

La dana de octubre de 2024 causó unos 40 millones de euros en daños directos e indirectos en personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana y afectó directamente a 1.650 de ellas, de las que 53 fallecieron por efecto directo de la emergencia (10), su dependencia de los servicios de teleasistencia (37) o estar ubicadas en la residencia de mayores de Paiporta (6).

Así se desprende de la cuarta edición del ‘Barómetro de las Catástrofes en España’, presentado en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes, celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid.

El informe, elaborado por la Asociación Cluster Catástrofes, y que recoge datos de la Fundación ONCE y Cermi CV, enfatiza que las trágicas consecuencias de la dana en vidas humanas -236 víctimas mortales (7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía oriental y 228 en la Comunidad Valenciana, según Protección Civil)- revelan “el impacto desproporcionado de estas catástrofes sobre los colectivos más vulnerables”. De hecho, más de un centenar de las personas fallecidas tenía 70 años o más.

Más de 300 agentes vendedores de la ONCE sufrieron incidencias y unos 200 de ellos tuvieron que dejar sus tareas temporalmente, lo que supuso una pérdida de unos 300.000 euros en rentas de trabajo.

La vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad no es una condición inherente a la discapacidad, sino el resultado directo de un entorno con barreras físicas, comunicativas y sociales que agravan drásticamente su exposición al riesgo”, según el capítulo del informe titulado 'Lecciones de la dana 2024 para la evacuación inclusiva y la atención a personas con discapacidad', presentado por Lourdes González.

El Barómetro añade que “la respuesta a esta crisis ha demostrado que la accesibilidad universal es una herramienta transformadora que fortalece la resiliencia comunitaria y optimiza la eficacia de la respuesta ante las emergencias”.

Además, denuncia que “la catástrofe ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de apoyo existentes”. “La insuficiencia en la planificación de la evacuación y el rescate fue un fallo estructural, ya que los planes de emergencia genéricos demostraron ser insuficientes y, de facto, discriminatorios”, subraya.

La crisis provocada por la dana afectó a 32 centros residenciales, de manera que 1.315 personas se quedaron sin acceso a terapias, tratamientos y actividades vitales para su desarrollo.

El Barómetro también pone en evidencia los fallos en los sistemas de alerta y comunicación inclusiva, “especialmente los difundidos por medios sonoros (sirenas, megafonía), que resultaron completamente ineficaces para las 450 personas sordas identificadas en las zonas más impactadas”.

De igual forma, la interrupción de la electricidad y las telecomunicaciones, junto a la pérdida o daño de dispositivos móviles, impidió el uso de canales de comunicación digitales, que son vitales para el colectivo sordo. Para las personas sordociegas, la falta de formatos táctiles o vibratorios supuso un aislamiento casi total.

La interrupción del acceso a medicación vital y a terapias esenciales reveló una grave falta de planes de contingencia en el sistema público. El cierre de farmacias, la inaccesibilidad de los centros de salud y la pérdida de recetas médicas dejaron a muchas personas sin los tratamientos necesarios.


 

 

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