Tras la entrada en vigor de la norma el pasado 10 de abril, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha declarado en una entrevista publicada en el diario cermi.es, la Ley de Economía Soial supone “un paso histórico” en la actualización del marco jurídico de la economía social en España, al mejorar la seguridad jurídica del sector, ampliar los instrumentos de apoyo y consolidar su reconocimiento institucional como “modelo orientado al interés general”.

Entre los principales avances para el ámbito de la discapacidad, destacó la inclusión expresa de los centros especiales de empleo de iniciativa social dentro del ecosistema de la economía social, así como su consideración como prestadores de servicios de interés económico general. Además, la norma incrementa la contratación pública reservada para estas entidades y para las empresas de inserción, lo que refuerza su estabilidad y capacidad de crecimiento.

La secretaria de Estado también pone en valor el papel desempeñado por el Cermi y por entidades como Feacem durante la tramitación parlamentaria, cuyas aportaciones técnicas calificó de “decisivas” para mejorar el texto final y orientar los apoyos públicos hacia iniciativas con impacto social directo.
La nueva ley actualiza de forma integral las principales normas del sector, impulsa fórmulas innovadoras como la vivienda cooperativa en cesión de uso y amplía el reconocimiento institucional de actores clave del tercer sector, entre ellos la ONCE.

Desde el Cermi valoraron la entrada en vigor de la norma como “un avance relevante en el reconocimiento del valor económico y social de la discapacidad organizada”, así como en la consolidación de un modelo productivo inclusivo que sitúa a las personas en el centro de la actividad económica.

Cooperativas

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES) consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

La ley potencia e impulsa fórmulas innovadoras de la economía social como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo. En materia de vivienda en régimen de cesión de uso, la ley modifica la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas para reconocer por primera vez como especialmente protegidas a determinadas cooperativas de vivienda, en concreto las de cesión de uso, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. 

La nueva normativa también adecúa y actualiza la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Digitaliza y adapta al siglo XXI el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías y amplía los derechos digitales de los cooperativistas. 

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos. La ley contempla la Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales. 

Otro de los avances más relevantes de la nueva norma es el refuerzo de las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Esto permite proteger la identidad cooperativa frente a usos instrumentales o fraudulentos. Así, el texto permite combatir el intrusismo en las cooperativas al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no. 

Empresas de inserción

La norma, en su artículo segundo, modifica la regulación del régimen de las empresas de inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización. 

El texto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral. Así, la ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral. 

La nueva Ley de Economía Social clarifica las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector. La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. 

Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del Tercer Sector y se añade la definición específica de economía social de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis), planteamientos defendidos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).