La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han emitido una declaración conjunta en la que instan al Gobierno a modificar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, por el grave impacto que está teniendo en la contratación pública de servicios esenciales.

Ambas organizaciones alertan de que esta normativa, que desvincula los precios de los contratos públicos del Índice de Precios al Consumo, impide la revisión periódica y predeterminada de los precios, incluso ante situaciones sobrevenidas. 

Esta rigidez normativa está generando efectos perversos en la prestación de servicios básicos, especialmente en el actual contexto socioeconómico marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica. 

"La aplicación de la desindexación al sector servicios pone en riesgo la viabilidad de muchos contratos, compromete la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y amenaza la sostenibilidad de las organizaciones que prestan estos servicios", ha señalado Juan Antonio Segura, comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector, que ha firmado el documento conjunto en representación de la entidad. 

Por su parte, desde CEOE se considera necesaria la aplicación de esta desindexación, en tanto que, "en un contexto tan incierto como el actual, las posibles fluctuaciones de costes y la imposibilidad de adaptar los contratos a los mismos, generan una situación de inseguridad que afectan de forma importante a la actividad en el sector y van en detrimento, en último término, de las personas beneficiarias de los servicios", en palabras de Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, presidente de la Comisión de Servicios Intensivos en Personal.

Impacto negativo de la Ley de Desindexación 

Entre los principales impactos negativos, ambas organizaciones destacan que se está produciendo un desequilibrio económico en los contratos, obligando a muchas entidades a prestar servicios a pérdidas. 

Esta situación desincentiva la participación en licitaciones públicas, al no poder garantizar condiciones mínimas de calidad y regularidad. Además, se pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, especialmente aquellos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, y se amenaza la viabilidad de las organizaciones prestadoras, agravada por prórrogas forzosas y órdenes de continuidad sin posibilidad de revisión de precios.

Propuesta para garantizar la sostenibilidad de los contratos públicos de servicios

La Plataforma del Tercer Sector y CEOE reclaman recuperar la indexación de los contratos públicos de servicios, una demanda reiterada por organizaciones sociales, sindicales y empresariales. 

Para ello, proponen modificar la Ley 2/2015 y su normativa de desarrollo, así como el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de permitir la revisión de precios en función de la evolución de los costes.

Además, subrayan que ya se han aprobado medidas similares para los contratos de obra pública, lo que demuestra la viabilidad jurídica y presupuestaria de aplicar esta solución también al sector servicios.

Ambas entidades reclaman al Gobierno que actúe con urgencia para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las crecientes demandas sociales.