La integración de las personas con discapacidad en el sistema universitario español ha mejorado en los últimos años, si bien existen retos y desafíos para que haya una verdadera inclusión, como el de la mejora de la situación de los Servicios de Atención a la Discapacidad (SAD) de las universidades españolas. Así se pone de manifiesto en el informe ‘La inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español’, elaborado por Fundación ONCE y en el que han participado 40 de las 48 universidades públicas españolas.

Según indica el estudio, los SAD “se encuentran desbordados” ante el aumento de la atención a personas con necesidades especiales de apoyo educativo y con trastornos de salud mental. “Se consideran faltos de recursos económicos y de personal técnico para garantizar la atención”, puntualiza el informe.

Es por ello que Fundación ONCE demanda una mayor homogeneización entre universidades y una adecuada financiación por parte de las comunidades autónomas, tal y como se recoge en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Argumenta que la estabilidad presupuestaria posibilitaría una estructura estable que consolidaría los servicios, más allá de la eventualidad de los equipos de gobierno rectorales.

El informe 

El informe reconoce un “avance” hasta la fecha, pero sostiene que es “insuficiente” para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos del colectivo en los campus, ya que es “más lento y débil de lo esperado”. Para progresar, considera que debe producirse “un cambio en la mirada y un cambio cultural, tanto de la sociedad en general como de las instituciones universitarias en particular”.

En este sentido, el trabajo afirma que “el principal reto es la transversalidad de las políticas de inclusión en las instituciones universitarias“ y confía en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque considera que tiene “deficiencias que limitan su implementación, especialmente por la falta de financiación económica para el despliegue de las medidas aprobadas”. 

Representatividad

Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Trabajo (Odismet) de 2023, el 19,2% de las personas con discapacidad finaliza estudios universitarios, un porcentaje que en el caso de la población sin discapacidad llega al 39%. Pese a esta diferencia, cabe señalar que el número de alumnos con discapacidad que acceden a estudios superiores ha ido incrementándose en la última década hasta superar los 22.000, una cifra que representa el 1,6% del total del alumnado en la universidad. 

Además de estar poco representadas en la universidad, las personas con discapacidad que pasan por ella encuentran barreras de inclusión en su estancia, ya que espacios, materiales y contenidos digitales no siempre son accesibles y las adaptaciones que precisan para seguir las clases con normalidad tampoco se aplican en todos los casos como debieran, en buena medida “por las actitudes y reticencias de una parte del profesorado”. Por este motivo, el informe aboga por contar con “criterios unánimes y garantistas en todas las universidades” para realizar estas adaptaciones y ajustes razonables.

En la misma línea, el documento advierte una baja participación del estudiantado con discapacidad en la vida universitaria en actividades extracurriculares y “bastante escasa” en órganos de representación, principalmente debido a la falta de adaptaciones y de accesibilidad y al sobreesfuerzo que les supone. “La movilidad internacional también es muy baja”.

Por otra parte, los estudiantes con discapacidad perciben dificultades para la realización de prácticas curriculares y extracurriculares, a pesar de las acciones de búsqueda y gestión de estas prácticas. 

Otro aspecto que analiza el trabajo es el de la “invisibilidad” de la discapacidad que deciden adoptar algunos estudiantes para que no se les considere menos capaces, como ocurre en ocasiones, y se les estigmatice.

A este respecto, hay consenso al considerar que las actitudes negativas podrían superarse con formación y sensibilización sobre inclusión y atención a personas con discapacidad, que es una de las recomendaciones que hace el informe.

Este documento será uno de los que servirán de eje y debate para el desarrollo del VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, que acogerá Granada entre los días 19 y 21 del próximo mes de noviembre.