Cambio climático y personas con discapacidad

Una agenda climática que no deje a nadie atrás

Concluida en Brasil la COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas) sobre cambio climático, que ha generado muchos debates y provocará muchas reflexiones de futuro, consideramos que existe un aspecto claro que puede y debe resaltarse: es urgente y necesario reforzar la dimensión social en las políticas climáticas, y tener un foco especial en los colectivos más vulnerables.

Entre ellos, las personas con discapacidad (4,3 millones en España y más de 1.300 millones en el mundo) son una parte importante de la población, que se enfrentan a riesgos desproporcionados ante fenómenos extremos. Sin embargo, esta realidad sigue siendo poco visible en la agenda climática global y nacional, lo que plantea un reto de justicia social y derechos humanos. Porque el cambio climático impacta de manera diferencial en las personas con discapacidad.

Un estudio sobre el impacto del cambio climático sobre las personas con discapacidad, impulsado por el Grupo Social ONCE y el CERMI, que verá la luz a mediados de 2026, permite constatar realidades como las siguientes:

El 6,2% de las personas con discapacidad viven en infraviviendas o viviendas con deficiencias graves, frente al 2,5% de la población general.
El 24,3% de las personas con discapacidad no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno, vs. el 15,6% de la población general.
El 44,9% de los hogares con algún miembro con discapacidad disponen de aire acondicionado, proporción que asciende al 52,8% en hogares sin personas con discapacidad. En el caso de la calefacción, los porcentajes son del 64,2% y 75,1% respectivamente.
El 65,5% de hogares con personas con discapacidad tiene acceso a internet vs. 86,8% de la población general.
El salario medio anual es un 18,7% inferior en el caso de la población con discapacidad. El 31% de las personas con discapacidad se sitúa por debajo del umbral de la pobreza y/o la exclusión, frente al 22,7% en el conjunto de la población sin discapacidad.
El 50,6% de las personas con discapacidad experimenta sentimientos de soledad no deseada, respecto al 15,8% en la población sin discapacidad.

Las desigualdades estructurales que señalan estos indicadores en ámbitos como la vivienda, salud o ingresos, entre otros, plantean una vulnerabilidad más elevada de las personas con discapacidad frente al cambio climático, dado que sufren una mayor exposición a los riesgos climáticos y cuentan con una capacidad de respuesta y adaptación más limitada.

Por otra parte, la falta de protocolos inclusivos y accesibles en alerta, evacuación y apoyos durante eventos meteorológicos extremos, con barreras informativas y tecnológicas importantes, contribuye a limitar en gran medida la capacidad de adaptación de las personas con discapacidad.

Cambio climático en España y personas con discapacidad

En un país como España, altamente expuesto al cambio climático, con las olas de calor y las lluvias torrenciales como dos de los principales riesgos, esta situación genera una brecha sistemática de protección para las personas con discapacidad. En 2025 los episodios de calor extremo se han incrementado en un 73% respecto a 2024. Si bien no existen datos públicos desagregados sobre el efecto en las personas con discapacidad, un estudio de Human Rights Watch concluyó que las personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental tienen más probabilidades de fallecer producto de olas de calor, tanto por problemas para regular la temperatura como por dificultades para afrontar la emergencia.

En cuanto a las lluvias torrenciales, se ha calculado que la DANA que tuvo lugar en Valencia en octubre de 2024 impactó en 1.625 personas con discapacidad asociadas a entidades del CERMI en la Comunidad Valenciana, además de a 32 centros residenciales y 26 Centros Especiales de Empleo, comprometiendo así la seguridad y autonomía de numerosas personas con discapacidad.

Por otra parte, la falta de datos sobre el impacto del cambio climático en las personas con discapacidad constituye una barrera que urge derribar. Uno de los principales objetivos del estudio en curso del Grupo Social ONCE, de la mano del CERMI, es el análisis de las fuentes de datos existentes para poder determinar el impacto diferencial del cambio climático en las personas con discapacidad, y una de conclusiones preliminares apunta a las importantes carencias de información. Es preciso, por tanto, incorporar la variable discapacidad en los sistemas de información climática, sanitaria y social para identificar los impactos diferenciales del cambio climático en las personas con discapacidad y avanzar en una adaptación realmente inclusiva.

Un ejemplo significativo es el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III, que estima las muertes atribuibles al exceso de temperatura y que, por el momento, no desagrega información que permita conocer cuántas de esas muertes corresponden a personas con discapacidad. Así, el déficit estadístico resulta crítico para la formulación de políticas adaptativas inclusivas.

Políticas climáticas y discapacidad: avances insuficientes

En la actualidad, existe un importante margen de mejora en cuanto al reconocimiento de la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad en las políticas climáticas, así como en el diseño de actuaciones y medidas inclusivas. Un reciente informe impulsado entre otras entidades por la International Disability Alliance (IDA), y que analizó las políticas climáticas de las 195 Partes del Acuerdo de París, concluyó que solo 54 Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) y 99 planes de adaptación hacen referencia a la discapacidad. En un estudio similar de 2023, la puntuación media global de inclusión se ha incrementado (pasando de 1,3 en 2023 a 2,3 en 2025), pero aún quedan vacíos relevantes en el reconocimiento de la discapacidad: un 72% de los gobiernos sigue sin mencionar la discapacidad en sus NDC, y solo el 14% incluye medidas concretas para la inclusión. La última NDC de la Unión Europea, actualizada en 2025 de cara a la COP30, sí menciona la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, entre otros colectivos, así como la necesidad de involucrarlas en el diseño de medidas de adaptación.

En España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021–2030) promueve una adaptación justa que tenga en cuenta factores sociales como la salud, la discapacidad, la pobreza o la edad. Asimismo, la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO ha avanzado en poner foco a la realidad de grupos vulnerables, por ejemplo, a través de un Seminario celebrado en 2024, que concluyó subrayando la importancia de incorporar las necesidades de las personas con discapacidad en planes de prevención y actuación, además de reforzar la normativa de accesibilidad. Sin embargo, el informe de Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático en España (ERICC 2025) no menciona a las personas con discapacidad de manera específica.

Cabe destacar igualmente iniciativas sectoriales como Fundaciones por el Clima promovida por la Asociación Española de Fundaciones en la que, de la mano de entidades como la Fundación ONCE y con un enfoque multi-agente, se ha desarrollado una línea de trabajo sobre cambio climático y colectivos vulnerables, con una atención específica a las personas con discapacidad.

La participación e implicación de las organizaciones de personas con discapacidad, una pieza clave

Recién concluida la COP30, es preciso subrayar la necesaria implicación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la toma de decisiones relacionadas con el clima en la agenda internacional. En esta reciente Cumbre, las organizaciones representativas de personas con discapacidad han seguido reclamando el reconocimiento oficial, como “Constituency”, para el Disability Climate Action Caucus (DCAC) en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Este reconocimiento permitiría al movimiento global de la discapacidad tener voz y participar en las negociaciones climáticas.

En España, es indispensable que iniciativas como el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que actualmente está impulsando el Gobierno, así como otras políticas públicas en este ámbito (Plan Social para el Clima, políticas de Transición Justa, etc.), incorporen las perspectivas de las personas con discapacidad para garantizar una transición no solo justa sino también inclusiva. Para ello es necesario involucrar de manera directa a las organizaciones representativas de personas con discapacidad, principalmente el CERMI. Y organizaciones como IDA o el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), presentes en Brasil, han reclamado una acción climática más inclusiva con un lema:

“Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Los derechos humanos son nuestra base. Nuestra voz colectiva seguirá impulsando una agenda climática que no deje a nadie atrás”

Es un reclamo justo, necesario y urgente de resolver.

Equipo de Sostenibilidad de Grupo Social ONCE.